Esta empresa, en 2005 y 2006, fue contratada para realizar la auditorí­a de objetivos de la Asociación de Asistencia a Ví­ctimas de Agresiones Sexuales. La retirada del programa se ha realizado contra el criterio de UGT, el Consejo de la Mujer del Municipio de Madrid y el movimiento asociativo de mujeres.

El Centro de Atención a Mujeres Violadas (CAVAS) se ha ocupado desde hace más de veinte años, cuando fue fundada en 1986, de la atención de integral a ví­ctimas, y cuenta con varios premios concedidos por distintas instituciones y Administraciones, como la Policí­a Nacional, que condecoró a CAVAS el pasado año con la medalla del Ángel Custodio. Gran parte de los protocolos de la Policí­a Nacional están inspirados en el trabajo de este centro, gracias a un convenio firmado entre el Ministerio de Interior y la Asociación.

La Casa Real hizo entrega de una medalla de reconocimiento cuando Javier Arenas ocupó la cartera de Trabajo y la Asociación fue consultada en las dos últimas reformas del Código Penal.

CAVAS, en la actualidad, atiende a más de 1.000 ví­ctimas, que ascienden a 8.000 desde su fundación en 1986. Diez trabajadoras perderán su puesto de trabajo con esta decisión adoptada de una forma espuria por el Gobierno Regional.

UGT-Madrid denuncia que esta decisión ataca los principios constitutivos del movimiento de mujeres al trasladar al mundo empresarial competencias que hasta este momento vení­an desempeñando el tercer sector, con la subsiguiente pérdida de calidad del servicio que implica, pues una consultora jamás podrá contar con la estrecha conexión y la sensibilidad necesaria para atender a una población tan vulnerable.

Por ello, UGT-Madrid exige el mantenimiento de las competencias desarrolladas por CAVAS y la revocación de la concesión de la atención de mujeres violadas a la empresa de servicios Grupo 5.