Ecologistas y vecinos y vecinas denuncian que la privatización del canal provocará importantes daños medioambientales y sociales.

Están convencidos de que el agua será más cara y empeorará la calidad del servicio.

Además de la gestión del agua, está en peligro un patrimonio público que en Madrid capital se corresponde con 200.000 metros cuadrados de terrenos.

Con cuidadosa discreción, el pasado 29 de diciembre la Asamblea de Madrid aprobó la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad. Las consecuencias de poner en marcha esta ley serán sumamente graves, ya que con ella se inicia el proceso de privatización del Canal de Isabel II, es decir, del agua en Madrid, después de que fuera pública durante más de 150 años. Por ello, asociaciones vecinales y ecologistas han decidido actuar ya, haciendo público su rechazo a la mercantilización de un bien tan básico como precioso. En este marco, convocan a los medios de comunicación a una concentración de protesta que tendrá lugar mañana martes a las 10,30 h en la entrada principal del Centro de Ocio y Deporte "Tercer Depósito" (C/ Francisco de Sales, Chamberí­).

Según las entidades ciudadanas que componen la "Campaña por una gestión cien por cien pública del agua", entre las que se encuentra la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción, "con esta privatización nos cerrarán el grifo del agua pública de calidad, nos pondrán un candado al derecho a tener un servicio de agua eficiente y nos encadenan a las graves consecuencias de privatizar un bien básico para la vida". Por ello, indican, "nosotros nos encadenamos a la gestión pública del agua en Madrid".

Los colectivos sociales, polí­ticos y sindicales de la Campaña están convencidos de que la privatización provocará importantes daños medioambientales y sociales, como el empeoramiento de la calidad del servicio, consecuencia de un seguro recorte de la plantilla de trabajadores y trabajadoras promovido con objeto de abaratar costes. Esta pérdida de calidad no supondrí­a una reducción de las ventas de la futura compañí­a, dado que se trata de un servicio que se aporta en régimen de monopolio, de tal manera que por mucho que empeore la calidad del agua, la población no va a tener más remedio que seguir consumiéndola. Por otro lado, la pérdida de calidad del agua favorecerá el incremento de las compras de agua embotellada. Esto afectará a quién menos recursos tiene, ya que el agua mineral es muchí­simo más cara que el agua municipal. Actualmente, una familia que utilice agua embotellada durante un mes para beber y cocinar tiene que pagar 75 euros, frente a los 0,3 euros que le cuesta el agua del grifo.

Los daños ambientales, por su parte, tienen que ver con una más que probable reducción de la inversión en el mantenimiento de las redes de distribución y en la posible construcción de dos embalses que no son necesarios, sostienen ecologistas y vecinos.

A pesar de todo esto, la decisión, que se ha realizado al margen de la ciudadaní­a, ha sido "vendida" como un mero trámite administrativo que no modifica gran cosa la vida de los madrileños y madrileñas.

A partir de ahora se iniciará una etapa en la que se venderá la empresa al mejor postor, lo que incluye la gestión del agua y el patrimonio del Canal de Isabel, un patrimonio que pertenece a todos los madrileños y madrileñas. En Madrid capital, estamos hablando de 200.000 m2 repartidos en Rí­os Rosas, Bravo Murillo y Plaza Castilla. Mientras la empresa privada se puede beneficiar de su venta y urbanización, a la población no le quedará otra cosa que recibir los daños medioambientales y sociales, concluyen los miembros de la citada campaña.