Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos e Izquierda Unida han presentado alegaciones al Proyecto de Construcción y a la licencia ambiental del aparcamiento subterráneo de la Plaza de Portugalete, que por tercera vez intenta legalizar el Ayuntamiento de Valladolid, como respuesta a la clausura judicial de las dos plantas rotatorias ordenada el pasado mes de septiembre por un juzgado de Valladolid, y ejecutada por el Ayuntamiento con más de un mes de retraso.

Las organizaciones sociales reiteran ante el Ayuntamiento los mismos motivos de ilegalidad que han motivado hasta la fecha 6 sentencias judiciales contrarias al Ayuntamiento, además del auto de suspensión cautelar en vigor: el aparcamiento rotatorio incumple los criterios del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid y de las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y Entorno (DOTVAENT), al localizarse en pleno centro urbano y no en su periferia.

Detrás de esta prohibición se encuentra la preocupación por los elevados niveles de contaminación atmosférica y acústica que soporta el centro de la ciudad, que desde luego no se soluciona llevan 3.000 nuevos vehí­culos diarios al aparcamiento. El Mapa de Ruido de Valladolid indica que los niveles sonoros en las ví­as perimetrales de acceso al aparcamiento (Bajada de la Libertad, Angustias, Echegaray, Arzobispo Gandásegui, López Gómez, Fray Luis de León y Cánovas del Castillo) rebasan los lí­mites legales; sin que por otro lado el Ayuntamiento haya elaborado todaví­a el Plan Antirruido que tendrí­a que haber aprobado el pasado verano.
A mayores, los alegantes consideran que la calificación urbaní­stica como plaza arbolada de las plazas de Portugalete y de la Libertad impedí­a la construcción de un parking bajo las mismas, destruyendo los árboles existentes; y que la suspensión de licencias dimanante de la declaración del Entorno de Protección de la Catedral de Valladolid no permite la legalización del aparcamiento, menos aún sin un informe favorable de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

En este contexto, y sin que nadie haya anulado a dí­a de hoy los permisos en vigor del aparcamiento, la intención de los nuevos (que por cierto se superpondrán a los vigentes) es simplemente burlar la orden judicial de clausura de las 260 plazas rotatorias, obligatoria mientras no sea levantada por el juez. Una huida hacia delante de nuevo ilegal y que podrí­a incurrir en varios tipos penales.

Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos e Izquierda Unida vuelven a emplazar al Ayuntamiento a que modifique la concesión administrativa de explotación del aparcamiento, reconvirtiendo las 260 plazas rotatorias en plazas de residentes, lo que además harí­a innecesario el aparcamiento de residentes proyectado en la vecina Plaza de la Antigua.

Destruido el arbolado y los vestigios arqueológicos de las plazas, la defensa de la salud pública debe primar sobre el interés particular de una empresa privada en la que el Alcalde de Valladolid tiene intereses particulares, lo que en opinión de los alegantes le inhabilita para adoptar decisiones que la beneficien. En caso de perseverar, las organizaciones sociales emprenderán iniciativas judiciales, como el nuevo recurso interpuesto contra la última modificación del PGOU que permite la construcción de aparcamientos subterráneos rotatorios en el centro de la ciudad.

Ecologistas en Acción
Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid
Izquierda Unida