La desertificación afecta a más de 110 paí­ses y cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva. Según Ecologistas en Acción en nuestro paí­s el 40% del suelo esta amenazado por los procesos de desertificación, pero a pesar de ello, el Ministerio de Medio Ambiente ha sido incapaz de desarrollar el tan prometido Programa de Acción de Lucha contra la Desertificación, principal obligación contraí­da por el Gobierno español tras firmar, en 1996, el Convenio de Lucha contra la Desertificación.

Aunque, tanto, el Presidente del Gobierno como los dos Ministros de Medio Ambiente de los sucesivos gobiernos del PP han recalcado que la protección de los suelos es una de las prioridades del Estado, la realidad es que este aparente interés se desvanece entre promesas y retóricas vací­as. Seis años prometiendo un Plan que no llega a término y unas actuaciones que no se ejecutan. En opinión de Ecologistas en Acción, la ausencia de un Plan de Acción Nacional contra la Desertificación responde a una falta de voluntad polí­tica por frenar las principales causas que desencadenan los procesos de pérdida de suelo. Está claro que a pesar de que el diagnóstico cartográfico y cientí­fico del problema inducen a pensar que se sabe técnicamente como frenarlo no se toman las medidas adecuadas.

El Estado español, se encuentra a la cabeza entre los paí­ses desarrollados afectados por la desertificación. Uno de los principales factores desencadenantes de esta situación es la erosión o pérdida de suelo fértil. El 42% del territorio español, 21 millones de hectáreas, está sometido a procesos de erosión que superan los lí­mites tolerables, (pérdidas de suelo de 12 toneladas por hectárea y año) y el 12%, 6 millones de hectáreas, está sometido a erosión muy severa, con pérdidas de suelo superiores a 50 toneladas por hectárea y año. Para el conjunto del Estado se calcula una pérdida total anual de suelo de 1.156 millones de toneladas. Si se tiene en cuenta que la tasa de formación de suelo varí­a entre 2 y 12 toneladas por hectárea y año, se reparará en la magnitud del problema. Las zonas más afectadas se encuentran en Andalucí­a, Castilla-La Mancha, Levante y Murcia.

Entre los principales factores que desencadenan esta situación se encuentran la explotación insostenible de los recursos hí­dricos, que es causa de graves daños ambientales, incluidos la contaminación quí­mica, la salinización y el agotamiento de los acuí­feros. Pérdidas de la cubierta vegetal a causa de repetidos incendios forestales. Concentración de la actividad económica en las zonas costeras como resultado del crecimiento urbano, las actividades industriales, el turismo de masas y la agricultura de regadí­o.

Según Ecologistas en Acción, las actuaciones en materia de protección de suelos deben tener como principal objetivo el desarrollo de una gestión sostenible de las tierras agrí­colas, de los recursos hí­dricos y de la ordenación del territorio. Sin embargo, las polí­ticas que lleva a cabo el Gobierno en materia agrí­cola, urbaní­stica e hidrológica se alejan cada vez más de un modelo de desarrollo sostenible que pudiera prevenir la degradación de nuestras tierras. Claro exponente de ello es el Plan Hidrológico Nacional que consolida la agricultura intensiva y fomenta el desaforado crecimiento urbaní­stico en la costa mediterránea.