Tras una denuncia realizada por Greenpeace ante Fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, éste ha abierto diligencias para determinar la posible entrada ilegal de caoba en España. Miembros del SEPRONA y personal de la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior del Ministerio de Economí­a y Hacienda (Autoridad CITES) realizaron la semana pasada varias inspecciones en almacenes de Toledo y Santander para investigar la posible existencia de una red de contrabando de madera de caoba brasileña en nuestro paí­s.

A la luz de estas investigaciones, la oficina de Greenpeace en la Amazonia (Manaus, Brasil) ha pedido al Gobierno brasileño que inicie una investigación en los puertos tradicionalmente utilizados para la exportación de caoba. También ha solicitado al IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente), a la Policí­a Federal y al Ministerio Público Federal una profunda investigación sobre la actividad económica y las exportaciones de la empresa brasileña ADAIR COMERCIAL.

La caoba brasileña, de nombre cientí­fico Swietenia macrophylla, está recogida en el Anexo III del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocido por las siglas CITES. Según este Convenio, la exportación de caoba requiere una concesión previa y presentación de un permiso de exportación por parte de la Autoridad Administrativa del Estado exportador. Asimismo, la importación de caoba exige la declaración y presentación de dicha documentación a la Autoridad Administrativa CITES del paí­s receptor.

"Con esta investigación aumentan las sospechas sobre el papel de los puertos españoles en el tráfico de madera de origen ilegal, caoba en este caso. Y la tala y el comercio ilí­cito de caoba son los responsables de la destrucción de la selva amazónica" ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Según la documentación aportada por Greenpeace a la Fiscalí­a de Medio Ambiente, en diciembre de 2000 el buque Laurita descargó en el Puerto de Valencia una partida de madera declarada como "cedro". Dicha madera era vendida por la empresa brasileña ADAIR COMERCIAL LTDA. (Belem, Brasil) a la empresa española COMADEX (Torrijos, Toledo). COMADEX comparte sede social, teléfono y despachos con la empresa MOLDURERA TOLEDANA (El administrador de Moldurera Toledana es también vicepresidente de Comadex).

Según la documentación mencionada, la venta de caoba se produjo con una doble factura, donde en una figuraba que la madera era caoba y en otra "cedro". En una carta adjunta a ambas facturas, se advierte que "por problemas internos del paí­s, el MOGNO (caoba en portugués) es embarcado como cedro-KD". Al no haber sido declarada como tal, y, consiguientemente, sin permiso CITES, es posible que se haya cometido un delito recogido en el artí­culo 332 del Código Penal.

Dado el volumen de madera que la empresa brasileña ADAIR COMERCIAL LTDA. ha exportado a España en los últimos años, es muy posible que este procedimiento haya sido utilizado en otras ocasiones o se esté utilizando en la actualidad para introducir caoba en España sin autorización del CITES.

"Los documentos prueban lo que siempre se sospechó pero nunca antes habí­a sido probado: la caoba se transporta y comercializa bajo otras denominaciones para escapar a los controles de los gobiernos" -ha declarado Paulo Adario, coordinador internacional de la Campaña Amazónica de Greenpeace.- "Exportar caoba como cedro es un hecho graví­simo, ya que representa una violación del tratado CITES, evasión de divisas y falsificación documental. Los documentos aportados por Greenpeace a la investigación son una colección de irregularidades que muestran que los mecanismos de control del Convenio CITES no funcionan".

Por este motivo, y también tras informaciones de Greenpeace al Fiscal de Medio Ambiente de Madrid, se está investigando a algunas empresas compradoras de madera procedente de una partida desembarcada el pasado 23 de abril en el Puerto de Santander por el buque "Pacific Express". Dicha partida de madera tropical procedente de Brasil pudiera ser, según algunas informaciones, caoba sin permiso CITES.

Entre octubre de 2000 y diciembre de 2001 el IBAMA requisó gran cantidad de caoba de origen ilegal (50.965 m3 de caoba en tronco y 3.540 m3 de caoba aserrada), con más de 60 delitos probados que han dado lugar a multas a empresas madereras por valor de más de 9 millones de Euros (mil seiscientos millones de pesetas).