Una vez publicadas las convocatorias de las diferentes Comunidades Autónomas, corroboramos que la Consejerí­a no dijo toda la verdad, a saber: Es cierto que en el resto de Comunidades se oferta la posibilidad telemática de gestionar la solicitud, en algunos casos solamente es de impresión de la misma, pero con carácter voluntario y sin que quede excluido, como si ocurre en Canarias, el método tradicional del papel. Este sindicato entiende que, por una parte, nadie puede ser obligado al uso informático y, por otra, peor aún si la Consejerí­a no garantiza su funcionamiento. Excesiva saturación del servidor que impide el acceso o la total cumplimentación.

Pero aquí­ no acaban las mentiras de esta Consejerí­a. Se nos convoca a una segunda reunión para hacernos una demostración previa de la aplicación informática y es en ese momento cuando nos enteramos, al hacerles preguntas al respecto, que el borrador y la resolución publicada sólo tienen en común sus fundamentos jurí­dicos y aquellos aspectos que lesionan derechos del profesorado. El resto no coincide por haberse modificado el redactado o por haberse suprimido o darle otro enfoque.

La Consejerí­a sigue mostrando una falta de respeto hacia el Real Decreto que regulan estos procedimientos e interpreta arbitrariamente los derechos del profesorado, siempre para perjudicarles y nunca para beneficiarles, como es el caso de los suprimidos. Al profesorado le va tocar sufrir con la aplicación informática, pues algunas comprobaciones nos han puesto de manifiesto errores importantes.

El STEC-IC llama a la Consejerí­a a permitir la gestión y solicitud a través de papel, a facilitar este trámite al profesorado y a no proseguir con actuaciones de maquillaje de su imagen, presumiendo de aplicaciones informáticas, que ni ellos mismos garantizan.