CEAR suscribe la recomendación emitida por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, Martin Scheinin, quien recabó información sobre el caso Gasayev en su visita a España el pasado 14 de mayo, ante el peligro de que pudiera ser extraditado a la Federación Rusa por la acusación de crí­menes de terrorismo que le imputan las autoridades de su paí­s. En su informe, aseguró que "existe un acuerdo generalizado de que las garantí­as diplomáticas no funcionan con respecto al riesgo de tortura o malos tratos". Además, observó que en este caso la Audiencia Nacional parece haber combinado las garantí­as tradicionales sobre pena de muerte con la condición de que una delegación del Comité contra la Tortura de la ONU visite a esta persona una vez esté ya en Rusia, a pesar de que es consciente de que el Comité contra la Tortura no efectúa tales visitas. Por tanto, concluyó que en este caso "son inadecuadas las garantí­as sobre riesgo de tortura".

CEAR se une también a la posición de Amnistí­a Internacional, que ha subrayado que, "teniendo en cuenta el historial de tortura y malos tratos de la Federación Rusa", considera que las "garantí­as diplomáticas" ofrecidas por las autoridades de este paí­s "son papel mojado y no eximen al Gobierno español de sus obligaciones internacionales de no entregar a ninguna persona a un paí­s en el que corra el riesgo de ser sometida a tortura o malos tratos".

Asimismo, CEAR considera imprescindible que la nueva Ley de Asilo, cuyo proyecto de ley aprobó el Consejo de Ministros el 5 de diciembre y que el Parlamento tramitará durante los primeros meses de 2009, regule con claridad la aplicación de las cláusulas de exclusión para que se garantice el respeto absoluto al principio de no devolución.

Por otro lado, a CEAR le llama la atención que el Gobierno diera luz verde a la extradición de esta persona precisamente el mismo dí­a que aprobó un Plan de Derechos Humanos que aspira a promover "la igualdad, la no discriminación y la integración de las personas, así­ como las garantí­as que protegen los derechos humanos" y contempla acciones para la erradicación de la pena de muerte y de la tortura.