El juzgado de instrucción de Villanueva de los Infantes ha notificado a las partes implicadas la apertura de juicio oral contra los acusados en el caso. Por los que el juicio pasará en breve al juzgado de lo penal para fijar la fecha de juicio. WWF/Adena y La Junta de Castilla-La Mancha piden fuertes penalizaciones.

El 13 de abril de 2000, Agentes Forestales de la Junta de Castilla-La Mancha localizaron 200 lazos sin tope y varios cebos envenenados en las cercaní­as de los comederos de perdiz en en la finca "Huebras de los Ortiz". Los acusados de esta ilegalidad tremendamente peligrosa para la fauna amenazada son el guarda del coto y el arrendatario de la caza.

La zona en que se utilizaron estos métodos no selectivos ilegales constituye un corredor especí­fico para el lince ibérico, especie en muy grave riesgo de extinción y que es sensible a perecer por lazos y cebos. En los lazos se encontró un gato montés (especie también protegida) mal herido y dos zorros muertos. En la zona se hayan presentes también otras especies protegidas que por sus hábitos más o menos carroñeros pueden morir a causa de los cebos envenenados. Entre todas esas especies destacan el Águila imperial ibérica, el Buitre negro y el Alimoche. Palas las tres especies, los cebos envenenados constituyen la principal causa de mortalidad en la actualidad. El Águila imperial ibérica es una especie exclusiva de nuestro paí­s y sus población está alcanzando niveles lí­mite. El buitre negro y el Alimoche tienen en la Pení­nsula sus últimas poblaciones europeas.

WWF/Adena se personó como acusación particular y solicita para los dos acusados la inhabilitación para el ejercicio de la caza durante un periodo de diecisiete años. Durante el tiempo de condena se pide para el guarda también la inhabilitación para la profesión de guarda de coto y para el arrendatario de la caza la inhabilitación para ser titular de derechos de caza o cinegético. Por último se piden dos años y cuatro meses de prisión por la comisión de seis delitos (dos de ellos continuados) previstos y titpificados en el Código Penal.

Igualmente se ha solicitado expresamente el cierre de la actividad cinegética en el coto durante cinco años, como establece la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y la Ley 9/99de Conservación de la Naturaleza. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también personada, solicita penas similares a las pedidas por WWF/Adena.