Asimismo, UGT-Madrid lamenta el accidente que ha acabado con la vida de un trabajador de 30 años, esta mañana en la estación de cercaní­as de RENFE de Colmenar Viejo, al caerle encima una rampa de minusválidos que en ese momento se encontraba reparando. Una nueva tragedia que podrí­a haberse evitado de haberse dispuesto las adecuadas medidas preventivas, como parece desprenderse de la investigación inicial que está realizando el sindicato.

De acuerdo con las cifras hechas públicas hoy por la Consejerí­a de Empleo y Mujer, 122 trabajadores han perdido la vida en accidentes de trabajo, a los que hay que sumar otros dos que están siendo investigados por el sindicato, y el último, que ha tenido lugar esta mañana en la estación de Cercaní­as de RENFE de Colmenar Viejo.

El incremento de mortales en el sector servicios (dos más que en octubre) y de graves en industria es la nota más significativa durante el pasado mes de noviembre, mientras que entre enero y noviembre el 72% de los accidentes, en relación con el mismo perí­odo de 2007, se han dado en jornada de trabajo.

Los graves han aumentado en la industria de 7 a 9. Los mortales, en este mismo sector y en este perí­odo, han pasado de 14 en 2007 a 19 en 2008.

Para UGT-Madrid, aunque los graves han disminuido, al registrarse 695 el pasado noviembre frente a los 885 del mismo mes de 2007, y también los totales (de 140.737 a 130.779), continúan siendo insuficientes los dispositivos de prevención de riesgos desplegados por las empresas. Por ello, UGT-Madrid exige la puesta en marchas de las siguientes medidas:

* Exigir el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre todo en relación a los derechos de los trabajadores.

* Desarrollo Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.

* Exclusión de las subvenciones públicas de las empresas que hayan sido sancionadas por infracción grave y muy grave en materia de seguridad y salud.

* La comunicación inmediata, al Ministerio de Economí­a y Hacienda, de las empresas que hayan sido sancionadas con carácter grave o muy grave, en los términos previstos por la Ley de Contratos del Estado y la normativa reglamentaria que la desarrolla.

* Instar a la Administración a que se persone como acusación popular en aquellos casos en que exista presunción de delito por parte del empresario.