Para Ecologistas en Acción, el balance del trabajo de estos 50 años de historia española en el FMI es palmariamente negativo. El FMI pasó, desde los años setenta, a encargarse de mantener la ortodoxia neoliberal en el planeta, mediante la coacción de la deuda externa de los paí­ses empobrecidos y la herramienta de suministrar créditos a corto plazo contra las crisis. En estos años el FMI ha promovido polí­ticas tremendamente lesivas a nivel ambiental y social.

Una de ellas, es la privatización de los servicios públicos, que está suponiendo un impulso a la sobreexplotación de los recursos, una pérdida de calidad de los servicios, una menor accesibilidad a los mismos por parte de las poblaciones más desfavorecidas y un creciente control de la economí­a de los paí­ses empobrecidos por las transnacionales. Esto ha sido especialmente claro en la privatización del agua, como se ha podido ejemplificar en las luchas contra este proceso en América Latina, cuyo exponente fue la de Cochabamba (Bolivia).

Una segunda medida ha sido la reconversión de las economí­as hacia la exportación, lo que se ha acompañado con la presión hacia la paulatina bajada arancelaria a nivel mundial (especialmente para los productos exportados por los paí­ses más enriquecidos). Esto ha convertido a las economí­as empobrecidas en más dependientes de los mercados mundiales y del petróleo. Las consecuencias sociales de estas polí­ticas son nefastas, como se experimentó en paí­ses como Somalia, cunado cayó el precio del cacao. Además, la creciente globalización económica, entre otras implicaciones ambientales, está detrás del incremento del calentamiento global.

Otra polí­tica impuesta por el FMI ha sido la liberalización creciente de los flujos de capital a nivel internacional. Una liberalización que está en la base del capitalismo financiero en el que vivimos. En estos últimos meses estamos siendo conscientes de los tremendos impactos sociales y ambientales de este capitalismo de casino.

Desde el FMI se ha estado presionando hacia una rebaja de las legislaciones ambientales y sociales a nivel mundial. Del mismo modo se han incentivado las "inversiones productivas" en detrimento de las sociales y las ambientales. Con "inversiones productivas" el Fondo se refiere a infraestructuras de transporte, por ejemplo. No hace falta detallar los impactos de este tipo de polí­ticas, empezando por el aumento del grado de precariedad laboral en España, continuando por la creciente rebaja de los estándares ambientales en la UE y terminando por la muy deficiente cobertura social en la mayorí­a del planeta.

Obviamente, el FMI no es el único responsable de la implantación de estas polí­ticas, pero Ecologistas en Acción sí­ lo identifica como uno de sus principales impulsores.

La explicación de las polí­ticas del FMI reside en su forma de toma de decisiones, en la cual, los paí­ses que más aportan tienen una capacidad de voto mayor. Esto implica que los paí­ses más enriquecidos del planeta controlen más del 50% de los votos y, por lo tanto, el FMI actúe en base a los intereses de sus transnacionales.

Por todo ello, la organización ecologista considera que el FMI no es reformable, ya que lleva inserto en sus genes la defensa del incremento del máximo beneficio en el menor tiempo posible. Esta premisa sólo puede llevar a una mayor explotación social y ambiental.

Así­ las cosas, Ecologistas en Acción a pide la salida inmediata de nuestro Estado del FMI como medida previa para su desmantelamiento. Esta es una medida imprescindible para comprender que necesitamos "menos para vivir mejor", el lema que guí­a la nueva andadura de la confederación ecologista después de su reciente Congreso y Décimo Aniversario.