El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de la protección subsidiaria. Un proyecto que, a pesar de presentar de forma más ordenada la normativa española e introducir avances significativos en la regulación de la protección subsidiaria (personas que no son reconocidas como refugiadas pero que están necesitadas de una protección internacional por otros motivos), supone un retroceso significativo en varios aspectos claves del procedimiento.

El derecho de asilo está en crisis en todo el mundo. Cada vez es más difí­cil poder siquiera acceder al procedimiento, por lo que es fundamental reforzar las garantí­as para evitar que los gobiernos sacrifiquen esta institución en beneficio de la eficacia en la lucha contra la inmigración clandestina. Sin embargo, con el proyecto aprobado hoy, el derecho de asilo vuelve a ser ví­ctima de las polí­ticas restrictivas: elimina el asilo por ví­a diplomática, relativiza indebidamente el papel del ACNUR, debilita el derecho a la asistencia letrada, refuerza los conceptos de paí­s de origen y de tránsito seguros, excluye la posibilidad de solicitudes provenientes de paí­ses de la UE (lo que viola de forma directa la Convención de Ginebra de 1951) y avanza en un entramado de procedimientos de inadmisión o abreviados que, en vez de reforzar el estudio individual de los casos, aumenta el margen de maniobra de la Administración para descartar solicitudes de asilo sin una valoración suficiente y justa.

Desde CEAR reconocemos los avances introducidos por el Ministerio de Interior en el proyecto que finalmente se ha elevado al Consejo de Ministros, en especial el compromiso de abrir un cupo anual de reasentamiento de refugiados y el tratamiento de la dimensión de género. Sin embargo, el texto aprobado hoy deberí­a haber sido sometido a una reflexión más serena y tendrí­a que haberse debatido, con todos los actores sociales y sectores implicados, en profundidad. La Administración ha incumplido los plazos para la transposición de las disposiciones de la Unión Europea relativas a la construcción de una polí­tica común de asilo, por lo que no hay justificación alguna para precipitar la aprobación de una ley tan significativa en la protección de los derechos humanos.

CEAR ha lanzado públicamente un manifiesto por la defensa del derecho de asilo, porque nuestra memoria histórica como paí­s de refugiados y nuestro compromiso con los derechos humanos nos obliga a un mayor compromiso y coherencia. Con la conciencia y la movilización social, CEAR manifiesta su compromiso de continuar trabajando con los grupos parlamentarios, las organizaciones sociales y el gobierno para mejorar el proyecto de ley que además presagia una reforma negativa de la próxima ley de extranjeria.