El 20 de noviembre, la Audiencia Provincial de Barcelona declaró culpables a estos dos agentes de policí­a y a otros tres de agredir y torturar a Lucian Padurau en 2006, en el curso de una detención practicada en Barcelona. Tres agentes de policí­a fueron condenados a seis años de cárcel, otro a dos años de cárcel y el quinto al pago de varias multas. Ya se ha impuesto a los cinco una suspensión de empleo y sueldo. Asimismo se ha ordenado al gobierno autónomo de Cataluña que pague una indemnización a Lucian Padurau.

Amnistí­a Internacional ha expresado su preocupación durante muchos años por el grave problema de tortura y otros malos tratos perpetrados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en España, así­ como por la persistente actitud de las autoridades de no adoptar las medidas adecuadas para sancionar a los responsables. Amnistí­a Internacional considera motivo de profunda inquietud que la promoción profesional de los dos agentes sujetos a investigación por graves acusaciones sobre violaciones de derechos humanos favorezca un ambiente de impunidad por tales actos. Más aún, Amnistí­a Internacional señala que las autoridades policiales catalanas no actuaron con arreglo a las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura, que aconseja suspender de sus funciones a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que estén siendo investigados por malos tratos mientras duren los procedimientos (Informe del Comité contra la Tortura a la Asamblea General de la ONU, Doc. ONU A/56/44).

Las autoridades catalanas y españolas tienen la obligación de transmitir a todos los agentes encargados de hacer cumplir la ley el mensaje inequí­voco de que la tortura y otros malos tratos serán motivo de estrictas sanciones disciplinarias que reflejen debidamente la gravedad del delito. Sólo así­ se podrá erradicar semejante conducta y preservar la reputación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en su conjunto. El público en general, y la mayorí­a de los agentes del orden que desempeñan sus funciones de manera profesional y respetuosa con la ley, deben tener confianza en que no hay sitio para los agentes que abusan de su poder en los organismos que velan por el cumplimiento de la ley.

Amnistí­a Internacional pide a las autoridades policiales de Cataluña que, de conformidad con las normas jurí­dicas internacionales y con las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales, adopten las medidas adecuadas para garantizar que se adoptan las sanciones disciplinarias apropiadas contra todos los agentes condenados por violaciones de derechos humanos, y que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que estén siendo investigados por presuntas torturas y otros malos tratos son apartados del servicio activo mientras se efectúa una investigación imparcial y exhaustiva.

Información complementaria
Lucian Padurau fue detenido el 27 de julio de 2006 por agentes de policí­a vestidos de civil en un caso de error de identidad en Barcelona. Según declararon ante el tribunal testigos de la detención, los agentes, sin previo aviso, lo obligaron a tumbarse en el suelo, le aplastaron la cabeza y le dieron patadas en las costillas. No se identificaron como agentes de policí­a hasta que una multitud de transeúntes se congregó en el lugar y empezó a gritarles que pararan. La novia de Lucian Padurau, embarazada de tres meses en aquel momento, fue detenida también por agentes de policí­a. Testigos presenciales vieron cómo era arrastrada por el pelo y obligada a subir a un vehí­culo policial por medios violentos.

A Lucian Padurau lo llevaron en coche a la comisarí­a de policí­a de Les Corts, en Barcelona. En el trayecto los agentes continuaron golpeándolo a pesar de que él les suplicó que no lo hicieran ya que era hemofí­lico y podí­a morir de las heridas que le estaban causando. Además, uno de los agentes le puso un arma en la boca y amenazó con matarlo. En la comisarí­a continuaron las agresiones contra Lucian Padurau hasta que otro agente de policí­a avisó a sus compañeros de que las cámaras de ví­deo estaban grabando.

En noviembre de 2007, Amnistí­a Internacional publicó el informe titulado España. Sal en la herida: La impunidad efectiva de agentes de policí­a en casos de tortura y otros malos tratos, en el que se incluí­a el caso de Lucian Padurau. El informe pone de relieve el carácter persistente y generalizado de la tortura y otros malos tratos en España y revela que con excesiva frecuencia los responsables de tales actos se benefician en la práctica de impunidad debido a que las denuncias de las ví­ctimas no se investigan suficientemente ni con imparcialidad.