La inserción laboral es una de las mayores dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad. Este colectivo de trabajadores ha llegado a alcanzar el 30 por ciento de desempleo en momentos de bonanza económica, porcentaje que llega a triplicar los datos de la población general. En opinión de la secretaria de Polí­tica Social e Igualdad de CCOO de Madrid, Ana González, "los trabajadores con discapacidad son los últimos en incorporarse al empleo y los primeros en salir de el en un escenario económico como el actual".

Para la responsable sindical, la legislación vigente en materia de inserción laboral se ha mostrado insuficiente para favorecer el empleo de las personas con discapacidad. "Las leyes son necesarias pero se requiere de voluntad polí­tica y social para cumplirlas. Por otra parte, el modelo productivo y económico que se ha desarrollado en la región no contempla el valor social del trabajo, sino únicamente su rentabilidad económica lo que tiene repercusiones en la integración laboral de estas personas", señala la sindicalista.

El acceso a la formación, asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por ciento de los puestos en empresas, promover la accesibilidad y adaptación de los puestos de trabajo y garantizar los derechos laborales y sindicales, tanto en el empleo ordinario como en el protegido, son algunas de las claves que este sindicato considera esenciales para potenciar el acceso y mantenimiento del empleo en igualdad de oportunidades.

Por último, CCOO de Madrid reclama un mayor impulso de las polí­ticas sociales dirigidas a este colectivo. Para la sindicalista, promover la autonomí­a de las personas con discapacidad es una necesidad de primer orden que no se está haciendo efectiva en la región a pesar de ser un derecho social reconocido por la Ley de Dependencia. "La Comunidad de Madrid ha dedicado todos sus esfuerzos a confrontar con el Gobierno central en vez de poner en marcha los mecanismos que aseguren el cumplimiento de la Ley", explica González, que, en este sentido, denuncia que Madrid se sitúa a la cola en el desarrollo de la ley, con el 3,29 por ciento del total de solicitudes, por detrás de regiones como Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla y León ó Comunidad Valenciana, y a mucha distancia de las comunidades que se sitúan a la cabeza como Andalucí­a (32,17 por ciento) y Cataluña(12,49 por ciento).