Han pasado 10 años desde que la industria automovilí­stica se comprometiera voluntariamente a reducir las emisiones de los coches comercializados. Este compromiso incluí­a dos fechas y dos medias de emisión para los automóviles que se pusieran a la venta: 140g/km para el 2008 y 120g/km para el 2012.

Sin embargo, las emisiones medias en 2008 han sido de 158 gCO2/km, un lí­mite muy por encima del objetivo fijado, debido a la fabricación por parte del sector automovilí­stico de coches más grandes y más potentes, dos factores que aumentan directamente el consumo del combustible y las emisiones.

Debido a este previsible incumplimiento, en 2007, la Comisión Europea hace una propuesta de ley para regular las emisiones de CO2 de los coches que se pongan a la venta. Comienza entonces un proceso de negociación entre la Comisión Europea, los Estados miembros y la industria del automóvil, para darle forma y contenido a la Ley.

Para fijar posturas se crean dos comisiones: la de Industria y la de Medio Ambiente, teniendo más peso esta última comisión.

El informe de esta comisión y las medidas aprobadas, aunque menos ambiciosas que las inicialmente propuestas, mantení­an todaví­a una serie de requisitos que hací­an efectiva la Ley: unas sanciones elevadas, entrada en vigor de la ley para el 2012 y el objetivo de reducción a largo plazo, 2020, que incentivaba a la industria a seguir desarrollando modelos menos contaminantes.

Después de este informe, la industria del automóvil, no contenta con haber conseguido elevar el lí­mite de emisiones hasta 130g/km, protesta abiertamente, presionando a los respectivos Estados, logrando reabrir un nuevo proceso, esta vez en la sombra, para debilitar todos los acuerdos fijados por la Comisión de Medio Ambiente.

Este último proceso terminó ayer, y el compromiso fijado no deja de ser una clara cesión a todas las presiones y chantajes de la industria del automóvil: no sólo ha conseguido retrasar el objetivo cerca de 10 años, sino que, además, se ha logrado un nuevo retraso en su entrada en vigor, ahora prevista para 2015; un claro debilitamiento de las sanciones, limitando la eficacia de la Ley, y un ambiguo objetivo a largo plazo, con lo que se debilita el incentivo para fabricar coches menos contaminantes.

Ecologistas en Acción no entiende como la Unión Europea, ante la inminencia del Cambio Climático y la variabilidad extrema del precio del crudo, cede a los intereses de la industria del automóvil y da la espalda a su ciudadaní­a y al medio ambiente que se verí­an favorecidos con coches menos contaminantes y de menor consumo.