En el propósito de llevar a cabo la celebración de dí­a 3 de diciembre, nuestro colectivo social encabezado por COCEMFE hacemos público el siguiente

MANIFIESTO

Desde COCEMFE, nos hacemos participes y nos adherimos a la campaña de Naciones Unidas conmemorativa del Dí­a Internacional de las Personas con Discapacidad, que este año reviste, en el marco del movimiento internacional de derechos humanos, una especial relevancia, al ser el año de entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este nuevo Tratado Internacional sitúa con rotundidad y de modo irreversible a los hombres y mujeres con discapacidad y a sus familias en la dimensión de los derechos humanos, donde siempre debieron estar. Las Naciones Unidas y toda la Comunidad Internacional deben, por tanto, garantizar que toda su labor tiene en cuenta a la discapacidad. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio deben trabajarse en estrecha coordinación con la aplicación de la Convención, ya que no se cumplirán si no se tiene en cuenta a las personas con discapacidad y a sus familias.

Desde el 3 de mayo de 2008, fecha en la que entra en vigor esta Convención, dentro del marco legal español ha incorporado un instrumento jurí­dicamente vinculante, que viene a ser una herramienta válida que inaugura un nuevo marco protector, preventivo y garantista, un arma que obliga al Estado a velar por nuestros derechos y libertades. La recepción en nuestro cuerpo legal de este Tratado internacional hace necesario que se realice un reajuste de todo el Ordenamiento Jurí­dico Español, que necesariamente habrá de adaptarse a los contenidos de la Convención.

En el año en el que todo el mundo celebra el 60 Aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, es momento de renovar nuestro compromiso por los principios de justicia y dignidad para todos los hombres y mujeres con discapacidad, y de proclamar una vez más que somos titulares de derechos vinculantes, exigibles y universales y que para ello las mujeres y hombres con discapacidad y sus familias han de ser tomadas en consideración a la hora de tomar las importantí­simas decisiones que el mundo aguarda.

De igual modo desde COCEMFE nos hacemos participes de la importancia de la Ley 39/2006, de Promoción a la Autonomí­a Personal y atención a las Personas en situación de Dependencia, asumiendo el compromiso de exigir el cumplimiento de la misma por parte de nuestras Administraciones.

Somos conscientes, que desde el 14 de diciembre de 2006, tenemos a nuestra disposición una ley para atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de dependencia, y habiendo sido valorada como tal, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomí­a personal e integración en la sociedad.

Con esta Ley, por primera vez somos titulares de un derecho subjetivo que nos atiende de forma individualizada, a todas las personas con una discapacidad que nos hace ser dependientes y por lo tanto esta ley es exigible por todos y cada uno de nosotros, debiendo de estar protegida por las Administraciones Públicas y por la que el Estado habrá de velar en su cumplimiento.

En estos momentos la discordia creada en las distintas Comunidades Autónomas, es patente y deberí­amos de partir, de que una Ley ejemplar, a de ser esto mismo, un ejemplo esperanzador para un colectivo especialmente vulnerable y que ve una gran esperanza en la misma.

De este modo, desde COCEMFE, pedimos:

Respetar los plazos establecidos y al silencio administrativo positivo, como garantí­as de una verdadera puesta en marcha del sistema.
Una verdadera gestión pública de los órganos de valoración, mejorando los procesos actuales y la calidad de las resoluciones.
Una coordinación integral con las administraciones locales y autonómicas, tanto en los procesos de valoración como de gestión de las prestaciones, con una posible participación del colectivo de la discapacidad.
La participación real de los beneficiarios en la determinación de los planes individuales.
Simplificar los trámites burocráticos y la no exigir documentación que obre ya en poder de las administraciones.
Una correcta y puntual información a los ciudadanos y a las organizaciones sociales del sector.
Desarrollos reglamentarios coherentes con la ley, que traigan el equilibrio entre las distintas Comunidades, no creando la discordia entre las mismas y de este modo se garantice al uní­sono las mismas prestaciones entre ellas.
La exención en la participación en el coste (copago) para todos aquellos beneficiarios que tengan ingresos personales anuales inferiores a 2"™5 veces el IPREM.
Que las prestaciones sean compatibles y respetar el carácter retroactivo de las mismas, dando como valida la fecha en que se solicita y no la de la resolución.
La consideración de la renta personal como base del cálculo de las prestaciones.
Crear una comisión conjunta de seguimiento con las entidades sociales representativas del sector.
Una eficiente gestión de los recursos económicos disponibles.

De este modo, este dí­a 3 de diciembre de 2.008, hemos de ser conscientes del gran paso adelante que se ha dado, sin olvidar que el camino no se acaba, pensando que aun queda mucho que recorrer, debiendo de dedicar nuestro esfuerzo al desarrollo de todas y cada una de las leyes que nos amparan, haciendo recordar en especial a las Administraciones Públicas, que estas están para su cumplimiento, no permitiendo que las dejen caer en el olvido.