El movimiento asociativo andaluz de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, FEAPS ANDALUCIA, tras la valoración de la situación en la que actualmente se encuentra el ejercicio de los derechos que las afectan, y los dispositivos de atención a sus necesidades,

MANIFIESTAN

PRIMERO. Como reconoce la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General el 6 de Diciembre de 2006, y ratificada por el estado español, las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos dotados de plenitud de derechos y con posibilidad de ejercicio de sus obligaciones de acuerdo con la situación personal de cada uno de ellos.

SEGUNDO.- En consecuencia, corresponde a los poderes públicos, y en nuestro ámbito territorial, especialmente a la Junta de Andalucí­a, garantizar los apoyos precisos que cada persona con discapacidad intelectual necesite para acceder al pleno ejercicio de sus derechos y obtener de aquella cuantos recursos, medios profesionales, o servicios precise, en el ámbito sanitario, de prevención y atención temprana, educativo, asistencial y laboral, durante todo sus itinerario vital. Responsabilidad pública ésta que consideramos INDELEGABLE.

TERCERO.- FEAPS ANDALUCIA colaborará con la Administración Autonómica, promoverá y demandará que se establezcan los medios y se doten económicamente los recursos necesarios para garantizar el derecho a la igual protección de las personas con discapacidad intelectual y sus familias; y para que se beneficien de la normativa vigente en igual medida que el resto de los ciudadanos, y se establezcan medidas de discriminación positiva en su favor para acelerar o lograr la igualdad de hecho efectiva.

En consecuencia, y en función de las distintas áreas que precisan de intervención en la actualidad, DEMANDAMOS:

1. EN MATERIA DE IGUALDAD:

Que se garantice económicamente la prestación de servicios de apoyo a las personas con discapacidad, que cubran las necesidades especí­ficas de cada persona con discapacidad intelectual, con los niveles de calidad, capacitación profesional, instalaciones y medios, que la dignidad de las personas con discapacidad intelectual precisan.
Que la financiación de los servicios que son prestados por las organizaciones sociales del movimiento asociativo, actuando como red pública ofrecida y sostenida por la Administración Autonómica, cubra í­ntegramente los costes reales de los servicios que se prestan y se garantice la ordinaria actualización de dichos costes y la garantí­a de calidad y excelencia de los mismos.
Que el movimiento asociativo participe plenamente, como interlocutor social, con el protagonismo que se deriva de la representación que ostenta, en el desarrollo de los instrumentos normativos precisos que la Junta de Andalucí­a habrá de establecer para la plena aplicación, y la agilización en la tramitación, de cuantas actuaciones se derivan de la Ley de promoción de la Autonomí­a Personal y atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Que este desarrollo garantice plenamente los principios de la citada Ley respecto de cada persona en situación de dependencia, haciendo compatibles cuantos servicios precise, sin limitaciones restrictivas por razones económicas, y potenciando el acceso a servicios que faciliten su desarrollo personal, en lugar de prestaciones económicas sustitutivas, y posibilite una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria y en el acceso a la educación, empleo, y ocio, como cualquier ciudadano.
La elaboración de un II Plan de Ordenación del Sector (Centros y Servicios), que permita detectar y asegurar las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y las de sus familias, y garantizar su accesibilidad a cuantos servicios precisen.
La elaboración de una legislación propia, que en nuestra Comunidad autónoma, regule las infracciones y sanciones en actuaciones que afecten a los derechos de igualdad, plena accesibilidad, ajuste razonable y "diseño para todos".

2. EN MATERIA DE EMPLEO:

La creación de los Servicios necesarios, con carácter estable, que garanticen el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual.
Que se garantice, facilite y potencie la adecuada y ágil financiación de las iniciativas de empleo protegido precisas, como medidas de discriminación positiva necesarias.

3. EN MATERIA DE EDUCACION:

La completa dotación de los recursos materiales y humanos precisos para el pleno cumplimiento de la Ley de Educación de Andalucí­a.
Que, a través de estos recursos, los Centros Educativos garanticen la calidad de la educación de las personas con discapacidad intelectual de manera que se aseguren los apoyos precisos para posibilitar el desarrollo máximo del potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima de cada persona con discapacidad intelectual. Reforzar el respeto por sus derechos y su diversidad, desarrollar su personalidad, talentos y creatividad y, en definitiva, hacer posible, con cuantos medios económicos sean necesarios para cada centro, que las personas con discapacidad intelectual puedan participar de manera efectiva en una sociedad libre e igual.
La elaboración de un Plan de Ordenación de los Centros de Educación Especial que les contemple en el lugar que les corresponde dentro de la oferta educativa global, y les garantice contar con los medios e instalaciones precisas para su cometido.

4. EN MATERIA DE SALUD:

La creación de Servicios Concertados de Atención Temprana directamente con las entidades y no a través de los ayuntamientos, en todo el territorio andaluz, que unifiquen criterios respecto de requisitos materiales y funcionales de los centros, que garanticen la atención de las personas con discapacidad intelectual, lo más cerca posible de la zona de residencia, las zonas rurales inclusive.
Que se asegure una financiación plena para estos servicios de manera que se potencie el mayor desarrollo intelectual y motriz de cada niño/a en el fundamental periodo de los primeros años de vida.
Que se garantice el pleno acceso a cuantos servicios sanitarios y de rehabilitación precisen las personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo su itinerario vital, sin ningún tipo de discriminación, y se desarrollen los recursos socio-sanitarios en colaboración con las entidades prestadoras del servicio.
Posibilitar que el Servicio de Atención Temprana desarrolle su cometido, según lo planificado con la familia y su entorno social.

En definitiva, y como CONCLUSION

Llamamos a la participación activa en el cambio social, que garantice el pleno ejercicio de los derechos que a los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad intelectual y a sus familias les asisten.