La incineración es la peor y la más cara de las soluciones para gestionar los residuos: dispersa peligrosos contaminantes en la atmósfera, genera cenizas altamente tóxicas, derrocha los materiales aprovechables contenidos en la basura y supone un peligro para el medio ambiente y la salud de los habitantes del entorno. Además, esta tecnologí­a genera muchos menos puestos de trabajo que las prácticas enfocadas hacia la reutilización, el compostaje y el reciclaje.

De hecho, la construcción y mantenimiento de las incineradoras se cuentan en millones de euros, obligan a construir vertederos de seguridad, contribuyen a agravar el calentamiento global por sus emisiones de CO2, generan problemas de salud para las personas y ecosistemas cercanos y anulan durante décadas cualquier iniciativa de reducción de los residuos de los que se alimentan. En suma, un coste social, económico y ambiental inaceptable.

Existe por otra parte una incineración de residuos encubierta: la co-incineración en cementeras, es decir, el uso de residuos (aceites usados, fangos industriales, disolventes, neumáticos, "¦) como combustible para fabricar cemento. La Administración deberí­a ser mucho más restrictiva a la hora de conceder este tipo de autorizaciones, teniendo en cuenta que los hornos de cemento tienen lí­mites de emisión de contaminantes menos estrictos que las incineradoras y que hacen competencia desleal a otras instalaciones de gestión más eficientes.

Ecologistas en Acción y la red internacional GAIA (Alianza global por alternativas a la incineración) exigen a las autoridades competentes el cierre de las instalaciones en funcionamiento (*), que abandonen todos los proyectos de incineración y que pongan en marcha medidas de minimización y reducción de los residuos, empezando por recoger la materia orgánica limpia en origen para elaborar un compost de calidad.