"El proyecto original sí­ ofrecí­a alguna esperanza de reparación a las numerosas ví­ctimas de violaciones de derechos humanos del conflicto colombiano. El nuevo proyecto, de ser aprobado, establecerá una jerarquí­a discriminatoria entre las ví­ctimas, según la cual quienes reclamen indemnización por los abusos cometidos por grupos guerrilleros y paramilitares tendrán más posibilidades de recibirla que las ví­ctimas de las fuerzas de seguridad" ha asegurado Marcelo Pollack, investigador de Amnistí­a Internacional sobre Colombia.

A principios del próximo mes, el Congreso tiene previsto debatir y someter a votación el proyecto de ley sobre "medidas de protección a las ví­ctimas de la violencia" (Proyecto de Ley 044/08, Cámara de Representantes, 157/07, Senado), conocida como "Ley de Ví­ctimas". El borrador original de la ley fue modificado sustancialmente por la mayorí­a progubernamental de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en una votación celebrada el 13 de noviembre.

Según el borrador actual, las ví­ctimas de grupos paramilitares y grupos guerrilleros podrán recibir una indemnización monetaria casi inmediata por ví­a administrativa, mientras que las ví­ctimas de las fuerzas de seguridad, incluidos los familiares de miles de ví­ctimas de ejecución extrajudicial y desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad, sólo serán indemnizadas si el autor es declarado culpable por un tribunal de justicia y en la medida en que el agente haya cometido el delito como consecuencia de acciones "dolosas y gravemente culposas".

"Teniendo en cuenta la gravedad del problema de la impunidad en Colombia y la lentitud del sistema de justicia, es sumamente improbable que alguna de estas ví­ctimas llegue a ser indemnizada" asegura Marcelo Pollack.

Los motivos de preocupación para Amnistí­a Internacional relacionados con este proyecto de ley son:

– la ambigí¼edad sobre si incluye a las ví­ctimas de violaciones del derecho internacional humanitario;

– la negación de indemnización a futuras ví­ctimas del conflicto y a ví­ctimas de agentes del Estado que no pertenezcan a las fuerzas de seguridad;

– el hecho de que no se aborde eficazmente la restitución de millones de hectáreas de terreno "“pertenecientes a millones de personas colombianas, en particular pueblos indí­genas, afrodescendientes y campesinos"“ que fueron objeto de apropiación indebida, principalmente por grupos paramilitares, y a menudo por medios violentos;

– el hecho de que no se reconozca la "responsabilidad" del Estado de indemnizar a las ví­ctimas, puesto que sólo se alude a que el Estado indemnizará a las ví­ctimas por "solidaridad". Esto supone negar la responsabilidad del Estado en los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario; y

– los miles de ví­ctimas y familiares de ví­ctimas de la violencia paramilitar perpetrada recientemente no tendrán derecho a una indemnización porque el gobierno sigue negando que tales grupos sigan activos tras el proceso de desmovilización auspiciado por el gobierno.

"Al excluir a tantas ví­ctimas del pasado, el presente y el futuro, el gobierno está socavando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación y está distorsionando la realidad de un conflicto en el que todas las partes siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario" manifestó Marcelo Pollack.

En una declaración emitida el 14 de noviembre, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que, al establecer diferencias entre las ví­ctimas, el proyecto de ley no se atiene a principios internacionales como los consagrados en los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Ví­ctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, cuya aplicación e interpretación, según disponen, "se ajustará sin excepción a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo".