El Tribunal Popular Intermedio de Pekí­n dijo la semana pasada a la familia de Wo Weihan que solicitara permisos de visita en un plazo de siete dí­as. Anteriormente, el Tribunal habí­a negado a la familia esos permisos durante casi cuatro años. Además, la familia ha recibido confirmación verbal de que el Tribunal Popular Supremo ha aprobado la condena de muerte. Esto significa que, probablemente, la condena se va a ejecutar, posiblemente en una fecha tan próxima como el jueves 27 de noviembre.

Una de sus hijas ha manifestado hoy: "La ejecución no es justa. El proceso no fue transparente. Las pruebas en las que se basó la sentencia eran vagas y circunstanciales, y él fue declarado culpable mediante una confesión que le extrajeron y de la que más tarde se retractó ante el tribunal. Ahora sólo podemos pedir que se detenga la ejecución y se mantenga a mi padre con vida".

Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceaní­a de Amnistí­a Internacional, ha manifestado: "Las autoridades chinas deben indultar a Wo Weihan y detener su ejecución. La información disponible sugiere que Wo Weihan no recibió un juicio justo conforme a las normas internacionales. Wo Weihan fue declarado culpable de violar las leyes chinas, vagamente definidas, sobre secretos de Estado. China tiene derecho a procesar a personas por espionaje, pero la muerte de Wo Weihan a manos del gobierno chino serí­a cruel e inhumana. Deploramos el papel que China mantiene como el principal verdugo del mundo".

Wo Weihan fue condenado a muerte en mayo de 2007 por "espiar" para Taiwán, tras un juicio a puerta cerrada celebrado en Pekí­n. El 29 de febrero de 2008 perdió su apelación. Según la resolución del Tribunal Popular Superior Municipal de Pekí­n, Wo Weihan fue declarado culpable de espiar para Taiwán en varias ocasiones. Fue declarado culpable, entre otros cargos, de hablar sobre el estado de salud de altos dirigentes chinos (tema considerado secreto de Estado), y de enviar información de una revista "clasificada", una revista que, de hecho, se podí­a consultar en la biblioteca de la Academia China de Ciencias.

Wo Weihan fue detenido el 19 de enero de 2005 en Pekí­n, pero su detención no se hizo oficial hasta el 5 de mayo. Según la sentencia, mientras estaba detenido confesó los cargos. Su familia afirma que confesó en ausencia de un abogado y que más tarde se retractó de esa confesión y manifestó su inocencia, lo que suscita dudas sobre el trato que recibió bajo custodia.

Wo Weihan sufrió una hemorragia cerebral mientras estaba en un centro de detención el 6 de febrero de 2005. Le permitieron recuperarse en su casa durante seis semanas. En marzo de 2005 lo llevaron al Hospital Municipal Bo Ren de Pekí­n (un hospital penitenciario), donde permanece recluido desde entonces. Según su familia, antes de su detención no tení­a problemas de salud.

Durante los primeros diez meses de su detención no se permitió a nadie verlo. Finalmente le permitieron mantener encuentros periódicos con sus abogados, pero su familia no ha podido reunirse con él hasta ahora.

Información complementaria
Amnistí­a Internacional emitió el 21 de noviembre una Acción Urgente en la que instaba a su membresí­a a pedir a las autoridades chinas que no ejecutaran a Wo Weihan, y que dictaran de inmediato una suspensión de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

El 20 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas reforzó su llamamiento para que se ponga fin a las ejecuciones en todo el mundo. Un total de 105 paí­ses votaron a favor del borrador de resolución, 48 votaron en contra y 31 se abstuvieron. China votó en contra. Una serie de enmiendas propuestas por una pequeña minorí­a de paí­ses partidarios de la pena de muerte se rechazaron por amplia mayorí­a.

A fecha de noviembre de 2008, 137 paí­ses han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Durante 2007 se ejecutó a al menos 1.252 personas en 24 paí­ses, y se condenó a muerte a al menos 3.347 personas en 51 paí­ses.

China ejecuta a más personas cada año que cualquier otro paí­s del mundo. Era probable que en 2007 se produjera un descenso notable de las ejecuciones, después de que el Tribunal Popular Supremo retomara su poder de revisar todas las condenas de muerte. En 2007, Amnistí­a Internacional registró 470 ejecuciones, pero esta cifra es un mí­nimo absoluto, basado en los informes a disposición pública.