El empleo de esta Ley implica, por otra parte, rehuir todo debate ciudadano en una decisión de la más alta importancia para los intereses del conjunto de las personas que viven en esta Comunidad. Huelga recordar que corren peligro, en el actual contexto de crisis, un importante montante de los 3000 empleos directos e indirectos de la institución centenaria, ejemplo de gestión pública para toda España.

Una capitalización que intenta justificarse por la necesidad de acometer una inversión cercana a los 4.500 millones de euros, como exigen dos Directivas Comunitarias que datan de 1991 y 2000. De las tres ví­as posibles (autofinanciación, financiación bancaria y capitalización), se ha optado por la menos adecuada, y más aún considerando que podrí­a hacerse frente a este gasto mediante los beneficios generados, las ayudas contempladas por el Fondo Social Europeo o la intermediación financiera de la Administración Central. El Canal de Isabel II obtuvo durante el pasado ejercicio financiero de más de 98.500.000 de euros.

Ha habido y hay tiempo para planificar las inversiones. El carácter apresurado y siempre injustificado de la privatización únicamente revela la escasa previsión y la pésima gestión del Gobierno Regional.

UGT-Madrid impulsará todas las medidas legales y cí­vicas necesarias para detener esta arbitrariedad que únicamente perjudicará a todos los madrileños y madrileñas.