Los Verdes - Izquierda de Madrid consideramos que es necesario aunar esfuerzos democráticos y evitar esa globalización depredadora que propugna el Partido Popular. Hay que contrarrestar los planes irresponsables del Gobierno para frenar esa dinámica del deterioro en los derechos de los trabajadores y, en general, en el campo de los derechos humanos y del medio ambiente.

La Comisión Permanente de LOS VERDES - IZQUIERDA DE MADRID ha acordado la siguiente Resolución de Apoyo a la Huelga General convocada por los sindicatos CC.OO y UGT para el próximo dí­a 20 de junio.

RESOLUCION DE LOS VERDES - IZQUIERDA DE MADRID EN APOYO DE LA HUELGA GENERAL DEL DIA 20 DE JUNIO CONVOCADA POR LOS SINDICATOS CC.OO y UGT

Sobran razones

La huelga general convocada por los sindicatos CC.OO. y UGT para el próximo dí­a 20 de junio es una medida razonable y conveniente. Es el momento de
decir ¡basta!, de poner lí­mites al aluvión de iniciativas reaccionarias y profundamente clasistas del Gobierno del Partido Popular, de impedir que derechos democráticos reconocidos que contribuyen a un mí­nimo de cohesión social sean peligrosamente cuestionados.

La bochornosa presidencia española de la Unión Europea debe tener el colofón que su presidente merece: el desprecio y el rechazo de la "mayorí­a social" expresado a través de una huelga general, un acto cí­vico de recuperación democrática. Sí­, porque la democracia necesita, de nuevo, ser reconstruida, su calidad se deteriora al mismo ritmo que se incrementan las desigualdades sociales y la exclusión.

Superada por el Partido Popular la etapa "centrista", estos últimos dos años de gobierno pueden calificarse como un auténtico "bienio negro". ¿Qué ha ocurrido para que los grupos más reaccionarios y poderosos determinen en exclusiva el devenir del paí­s? ¿Qué espacios de la vida social escapan a su valoración en términos de negocio. Es habitual que los procesos históricos produzcan personajes acordes con los valores e ideas de los proyectos que se defienden, sólo así­ podemos explicarnos que Aznar con toda su mediocridad y resentimiento- se eleve hasta ejercer funciones de vanguardia de dichas polí­ticas aquí­ y en Europa.

Pero para cambiar la naturaleza de la democracia, disminuir su calidad,reducir su amplitud, limitarla a la esfera electoral-institucional?, ha sido necesario invertir las polí­ticas fiscales, impulsar agresivas medidas de privatización de los servicios públicos, apostar por el empobrecimiento de las garantí­as de la protección social y por último, restaurar el carácter uní­voco de la autoridad en la empresa, el poder exclusivo del capital. Por esa dirección avanzan los cambios legales introducidos en la regulación -¿desregulación?- de las relaciones laborales.

Esto ocurre con el considerado detonante de la convocatoria de huelga, la injusta reforma o recorte de las prestaciones por desempleo. Según datos de organismos oficiales, en este paí­s se encuentran 1,5 millones de personas inscritas en el INEM u otros servicios públicos de empleo, pero sólo el 57% recibe algún tipo de prestación económica; además, casi la mitad tienen subsidio, es decir 330 euros al mes. Para más de la mitad de beneficiarios de prestaciones contributivas el tiempo de percepción no supera los 4 meses, mientras que quienes generan derechos superiores al año solo lo agotan el 15%. La sociedad debe saber que de los 580.000 trabajadores delcampo de Andalucí­a y Extremadura apenas el 40% percibe prestación alguna, lo que supone un coste de 980 millones de euros, lo que contrasta con los6.000 millones que perciben los empresarios agrí­colas a través de las subvenciones. En fin, el sistema de desempleo no cubre a todas las personasa las que deberí­a proteger y sin embargo, dispone de un superávit de 3.600 millones de euros, cantidad que el Gobierno puede expropiar a los asalariados y destinar a reducir el déficit público. Sobran valoraciones éticas, es sencillamente un robo.

Estos datos desnudan los argumentos del Gobierno, que son profundamente ideológicos y repletos de mentiras. Afirmar que las garantí­as sociales fomentan la holganza es propio de personalidades autoritarias, enemigas de oda concertación y ajenas a toda idea de cohesión social. Recordemos que de las prestaciones revisadas por los servicios públicos de empleo, sólo el 3% contiene alguna irregularidad y tan sólo el 1% de las ofertas de empleo quedan sin cubrirse ( ¡cómo serán!), en cambio el 48% de los contratos temporales son fraudulentos, según la Inspección de Trabajo, y eso cuando hay contrato...

El decreto no tiene más beneficiario que los intereses empresariales: con la supresión de los salarios de tramitación van a disponer de casi 500 millones de euros adicionales, a los que antes tení­an derecho los trabajadores y trabajadoras afectados por un despido improcedente. Pero alterar las relaciones laborales y los niveles de protección social ha sido posible si simultáneamente se reduce el ámbito de lo público (aquello que contribuye a que la sociedad sea más igualitaria), de deteriorar sus servicios y prestaciones y por supuesto, de transformar los cauces que permiten el ejercicio de derechos en instrumento de negocio.

La función de reequilibrio social que corresponde a la Escuela Pública es atacada por la mal denominada Ley de Calidad de la Enseñanza, que no aspira a solucionar los graves problemas de integración o de fracaso, sino a implantar una contrarreforma, un modelo más selectivo y segregador y a conceder más importancia (y más dinero) a la enseñanza privada.

No nos engañemos, este Gobierno no aspira al "pleno empleo" ni ésta es la "sociedad de las oportunidades". No le importan la inseguridad laboral y vital que generan sus polí­ticas en millones de seres. Sí­ le importa vencer la resistencia del factor trabajo. También le importa imponer su aberrante concepción de la inmigración, ese triángulo infecto cuyos vértices:

inmigración-delincuencia-inseguridad deben contestarse con otro radicalmente democrático: inmigración-polí­ticas sociales-financiación del desarrollo. Le importa, en definitiva, asegurar una globalización sin democracia y sin derechos.

En fin, Los Verdes-Izquierda de Madrid nos sentimos comprometidos con la convocatoria de CC.OO. y UGT e identificados con las muchas razones que les asisten. Por eso entendemos y compartimos las preocupaciones de las gentes progresistas de este paí­s, sus deseos y aspiraciones. En estas circunstancias, la huelga significa la movilización de la parte más democrática de la sociedad civil, un derecho y un acto cí­vico de inmenso valor. Los sindicatos no deben sentirse solos, nos esforzaremos para que la sociedad haga suyos los motivos. Que el 20-J los intereses antisociales y antidemocráticos que Aznar representa se estrellen contra la voluntad de la "mayorí­a social". Empecemos a cambiar las cosas, que las nuevas dinámicas que se abran obliguen a las fuerzas conservadoras a batirse en retirada.

La recuperación del espacio de lo público, la calidad de la democracia y los derechos ciudadanos así­ lo necesitan.