Amnistí­a Internacional pide a las autoridades de Guinea Ecuatorial que juzguen de nuevo, con las debidas garantí­as y en un plazo razonable a las casi 70 personas a las el domingo 9 de julio impusieron severas e injustas condenas sobre la base de declaraciones obtenidas con tortura durante periodos de detención en régimen de incomunicación.

Estas condenas, que oscilan entre los 6 y 20 años de prisión, fueron impuestas por un tribunal civil de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, que juzgó sumariamente a 144 personas acusadas de menoscabar la seguridad del Estado y detenidas desde marzo de 2002.

Felipe Ondó Obiang y Guillermo Nguema Elá, lí­deres del partido de oposición todaví­a ilegal Fuerza Democrática Republicana (FDR), fueron condenados a 20 y 14 años de prisión, respectivamente, y Plácido Miko, secretario general del principal partido ilegal de oposición, Convergencia para la Democracia Social (CPDS), a 14 años.

Un delegado de Amnistí­a Internacional que asistió al juicio en calidad de observador ha manifestado hoy: "Estas condenas se impusieron en un juicio injusto, en el que no se presentaron pruebas contra ninguno de los acusados, muchos de los cuales habí­an sido torturados para obligarlos a confesar".

El juicio se caracterizó por la comisión de graves violaciones de derechos humanos y abusos de procedimiento, como el empleo de confesiones obtenidas con tortura (de las que los acusados se retractaron ante el tribunal), la indiferencia de éste ante las denuncias de tortura de los acusados (a pesar de que presentaban marcas de ello en el cuerpo), la falta de una defensa adecuada (los abogados sólo tuvieron un dí­a para examinar los cargos especí­ficos presentados contra sus clientes) y la falta de independencia del tribunal por haber sido nombrados sus miembros por las autoridades.

Todo el juicio estuvo basado en la tortura. Algunos de los acusados tení­an las muñecas fracturadas por haber sido torturados durante los dos meses que habí­an pasado recluidos en régimen de incomunicación. Las torturas habí­an consistido en prácticas como colgar a los detenidos de una barra de hierro con las manos atadas a los pies. Amnistí­a Internacional tiene constancia de que la tortura continuó durante el juicio. Algunos de los acusados que se retractaron ante el tribunal de sus declaraciones fueron torturados posteriormente en la prisión, aparentemente como represalia. Las condiciones de reclusión que soportaron durante el juicio constituí­an tortura, pues estaban hacinados, desnudos, en pequeñas celdas. Ninguno recibió atención médica y a algunos no les entregaron los alimentos que les habí­an llevado sus familias.

Amnistí­a Internacional pide que se lleve a cabo una investigación sobre las torturas denunciadas por los acusados y que se ponga a disposición judicial a los responsables para que sean sometidos a juicio de conformidad con las normas internacionales de justicia procesal.

Aunque hayan sido condenados en un juicio sumario, los acusados tienen derecho a interponer una apelación. Amnistí­a Internacional insta a la comunidad internacional a que ejerza presión sobre las autoridades de Guinea Ecuatorial para que celebren un nuevo juicio en el que se respeten las normas internacionales de justicia procesal y se proteja a los acusados de las torturas y los malos tratos.

Amnistí­a Internacional ha añadido: "Esta presión será una señal positiva de la comunidad internacional, especialmente necesaria tras la decepcionante decisión tomada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace unas semanas, cuanto optó por poner fin al mandado del representante especial sobre Guinea Ecuatorial tras casi 20 años de vigilancia de la situación de los derechos humanos en este paí­s".