A la luz de los datos hechos públicos hoy por la Consejerí­a de Empleo y Mujer, durante el mes de octubre se observa un incremento de los accidentes graves y mortales en industria y de los totales en servicios, mientras que descienden los observados en la construcción, el sector más afectado por la crisis económica.

El número de accidentes mortales en la industria ha pasado de ninguno en octubre de 2007 a 2 en el mismo mes de 2008. Similar suerte corren los siniestros graves, que aumentan un 22,22% en dicho sector.

Si se compara los accidentes registrados entre enero y octubre de 2007 y el mismo perí­odo de 2008 en dicho sector, se observa que, mientras durante el año pasado fallecieron 13 trabajadores, en este perdieron la vida 19. Estas cifras dibujan un escenario en absoluto halagí¼eño.

Para UGT, el elevado número de accidentes laborales que se siguen produciendo en la Región es inadmisible por lo que el Sindicato va a seguir en la campaña de denuncia de la falta de aplicación de las medidas de prevención de los riesgos laborales y de propuestas concretas, entre las que destacamos:

* Exigir el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre todo en relación a los derechos de los trabajadores.

* Aplicación del real decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, e instar a la Administración a que se publique no sólo en el Boletí­n Oficial del Estado o de la Comunidad Autónoma sino también a través de los medios de comunicación de forma que se de la mayor publicidad posible.

* Exclusión de las subvenciones públicas de las empresas que hayan sido sancionadas por infracción grave y muy grave en materia de seguridad y salud.

* La comunicación inmediata, al Ministerio de Economí­a y Hacienda, de las empresas que hayan sido sancionadas con carácter grave o muy grave, en los términos previstos por la Ley de Contratos del Estado y la normativa reglamentaria que la desarrolla.

* Instar a la Administración a que se persone como acusación popular en aquellos casos en que exista presunción de delito por parte del empresario.