El pasado 31 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicaba el proyecto de observaciones finales al quinto informe periódico de España "“presentado después de más de 12 años de silencio del Estado español- en el que recomienda a las autoridades españolas cumplir con sus obligaciones internacionales, en calidad de Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos.

El Comité ha manifestado su preocupación por los obstáculos a los que llevan años enfrentándose las ví­ctimas para obtener verdad, justicia y reparación; y ha instado a las autoridades españolas a tomar medidas para derogar la Ley de Amnistí­a de 1977 y garantizar la imprescriptibilidad de los crí­menes de lesa humanidad. También pide al Gobierno que establezca una comisión independiente para establecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, y que garantice la localización, exhumación e identificación de los restos de las ví­ctimas, y su restitución a los familiares.

Amnistí­a Internacional considera que España, ahora el paí­s con mayor número de casos de desaparición forzada denunciados ante sus tribunales, ha prolongado una situación de injusticia a la que debe poner fin a riesgo de situarse entre los pocos paí­ses del mundo que dan la espalda a su obligación de investigar delitos de derecho internacional constitutivos de crí­menes contra la humanidad.

Ya numerosos paí­ses de Europa, América Latina, África y Asia, con todas sus limitaciones, han dado al menos algún paso para esclarecer la verdad sobre los crí­menes del pasado, como es el caso de Perú, Marruecos, Timor Oriental o algunos de los paí­ses sucesores de la Antigua Yugoslavia, entre otros muchos.

Mitos y distorsiones
En contra de las tendencias mundiales, el Ministerio Fiscal, a través de su recurso de apelación de 20 de octubre de 2008, ha invocado la aplicación de la Ley de Amnistí­a de 1977 y la prescripción de los delitos, entre otros, para frenar la investigación. La aplicación de estas alegaciones podrí­an suponer el establecimiento de mecanismos de impunidad incompatibles con la legalidad internacional respecto de crí­menes contra la humanidad.

Para la comunidad internacional, cualquier Estado que, con desprecio a los derechos de las ví­ctimas, busca establecer la lógica del olvido respecto a este tipo de crí­menes, se coloca fuera de la legalidad reconocida internacionalmente. La desaparición forzada se encuentra entre los más graves crí­menes, que no pueden prescribir ni ser amnistiados sin socavar la legalidad internacional, que forma parte del ordenamiento jurí­dico español.

Ante esta situación, Amnistí­a Internacional publica hoy el documento "Mitos y distorsiones" y el Informe "España: La obligación de investigar los crí­menes del pasado y garantizar los derechos de las ví­ctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo". Ambos documentos ponen de relieve que las alegaciones del Ministerio Fiscal para frenar la acción de la justicia son totalmente incompatibles con el derecho internacional, e incluso con la propia legislación española.

Así­, la Fiscalí­a argumenta, en su recurso de apelación, que la Ley "de la Memoria Histórica" de 2007 no permite investigaciones judiciales porque ya facilita medidas adecuadas y suficientes a favor de las ví­ctimas. Sin embargo, la propia Ley establece que "es compatible con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España".

España no puede ser una isla en el marco del derecho internacional
Amnistí­a Internacional ha analizado cómo se ha hecho frente a crí­menes contra la humanidad en más de 25 paí­ses en los que se cometieron desapariciones forzadas en el pasado. Todos estos paí­ses son los que han acumulado más casos denunciados de desaparecidos ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. Desafortunadamente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha informado que el Gobierno español no ha presentado información sustantiva que permita establecer el paradero de tres personas cuya desaparición habí­a sido denunciada ante este Grupo.

Además, España es uno de los paí­ses a los que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha tenido que recordar que no se pueden invocar amnistí­as ni alegar prescripciones respecto a este tipo de crí­menes. Anteriormente, el Comité de Derechos Humanos se habí­a dirigido a Chile, Argentina, Perú, Lí­bano, Francia (Nueva Caledonia), El Salvador, Haití­ y Uruguay, para recomendarles que cumplan sus obligaciones internacionales sobre crí­menes de desaparición forzada.

"En España, donde se han impulsado investigaciones de crí­menes contra la humanidad cometidos en otros paí­ses en numerosas ocasiones, el Ministerio Fiscal no puede ahora poner en duda u oponerse a cumplir con la obligación de investigar los graves crí­menes que se cometieron durante la Guerra Civil y el Franquismo", ha declarado Esteban Beltrán, Director de la Sección española de Amnistí­a Internacional. "España no puede presentarse ante la comunidad internacional como un Estado que infringe sus obligaciones internacionales".

Más información
El pasado 16 de octubre, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dispuso admitir a trámite y declararse competente para investigar los crí­menes de desaparición forzada cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo: un paso imprescindible para cumplir con la obligación internacional del Estado español de garantizar justicia, verdad y reparación a las ví­ctimas de estos crí­menes atroces.

El 20 de octubre de 2008, el Ministerio Fiscal formulaba un "recurso de apelación" ante la Sala de lo Penal respecto del auto de admisión a trámite, solicitando su archivo.

Hace más de un siglo que los crí­menes contra la humanidad son reconocidos por el derecho internacional por su naturaleza especialmente ultrajante para la conciencia de toda la humanidad. Las desapariciones forzadas, o delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero, son un crimen contra el derecho internacional que, en caso de ser perpetrados de forma sistemática y generalizada contra la población civil constituyen un crimen de la mayor gravedad y cuya prohibición absoluta no podí­a ser desconocida en 1936, ni en 1977, ni en los años posteriores.

La responsabilidad internacional del Estado en relación a las ví­ctimas es también exigible desde entonces. La transición y los sucesivos gobiernos no se ocuparon de los derechos de quienes padecieron abusos graves y fueron privados de reparación y recursos efectivos. Los autores de tales crí­menes no fueron llevados ante la justicia ni hubo una investigación imparcial para esclarecer los crí­menes del pasado.

El derecho a conocer la suerte que corrieron los desaparecidos, es un derecho imprescriptible e inalienable de las ví­ctimas, además de ser un delito permanente mientras no se determine el paradero de las ví­ctimas.