La organización de derechos humanos considera que la declaración del 16 de octubre, según la cual Irán no volverí­a a ejecutar a menores de 18 años, con independencia del delito que hubieran cometido, jugaba con las palabras y tení­a como fin engañar a la opinión pública de Irán y de la comunidad internacional.

En una declaración realizada el 18 de octubre, Hossein Zabhi, fiscal general adjunto para asuntos judiciales de Irán, manifestó que la pena de qisas (castigo equivalente al delito) "“término empleado por las autoridades iraní­es para referirse a la ejecución judicial por el crimen de asesinato, proceso judicial que el gobierno iraní­ trata como un asunto entre dos particulares"“ "no depende del gobierno, sino de la acusación particular". Con ello, el fiscal general adjunto puso en evidencia una excepción manifiesta a su declaración anterior.

Esta nueva declaración ha echado por tierra las esperanzas de al menos 130 familias cuyos seres queridos se enfrentan a la ejecución por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, y transmite a las decenas de defensores de los derechos humanos que hacen campaña sobre este asunto el mensaje de que sus voces han sido, son y seguirán siendo ignoradas.

Amnistí­a Internacional hace un llamamiento al Lí­der Supremo para que intervenga con carácter urgente. Él tiene potestad para decidir sobre este asunto y evitar de una vez por todas que se ejecute a personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, incluidas las condenadas a qisas por asesinato.

Información complementaria
El 16 de octubre, Hossein Zabhi, fiscal general adjunto para asuntos judiciales, afirmó que, con arreglo a los términos de una directiva enviada por la magistratura a todas las jurisdicciones de Irán, el Estado ya no ejecutarí­a a personas por crí­menes cometidos cuando eran menores de 18 años. A pesar de que tal directiva no tení­a fuerza de ley, la decisión parecí­a marcar una ruptura con las prácticas del pasado y fue acogida con satisfacción tanto dentro como fuera de Irán. Una directiva emitida en 2002 por el presidente de la Magistratura para poner fin a las lapidaciones nunca se ha llegado a aplicar del todo; se han seguido dictando condenas de lapidación y un hombre fue lapidado hasta morir en julio de 2007.

El sistema de justicia iraní­ distingue los casos en los que se impone la pena de "ejecución" (hokm-e "˜edam) de los que se castigan con qisas, aunque los medios de comunicación a menudo informan de personas a las que se ha impuesto qisas como personas que han sido condenadas a muerte. Conforme al derecho iraní­, el asesinato es un asunto privado entre dos partes civiles y la función del Estado es facilitar la resolución de la disputa mediante un proceso judicial. En este sentido, se considera que la pena de muerte, en forma de "ejecución", la impone el Estado, mientras que el castigo de qisas lo impone la familia de la ví­ctima y, por tanto, no puede ser objeto de indulto o amnistí­a por parte del Lí­der Supremo.

En virtud del derecho internacional, Irán sigue teniendo la obligación absoluta de respetar y proteger los derechos de quienes están bajo su jurisdicción, con independencia del papel que puedan desempeñar las partes privadas en la administración de justicia. En un caso de qisas, Irán debe respetar los derechos de toda persona condenada por delitos cometidos cuando era menor de edad, garantizando que el proceso que el Estado facilita no permite ejecutar al condenado y lo protege frente a posibles actos de particulares que pudieran desembocar en su ejecución.

Irán ha aplicado la pena capital a personas menores de edad y también a otras que eran menores en el momento del delito pero ya habí­an alcanzado la mayorí­a de edad en el momento de la ejecución. Según la información de que dispone Amnistí­a Internacional, en Irán hay al menos 130 personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. La organización teme que el número real sea superior. Desde 1990, Irán ha ejecutado a 37 personas por delitos cometidos cuando eran menores, ocho en 2007 y al menos 6 en 2008 hasta la fecha. No se sabe de ningún otro paí­s que en 2008 haya ejecutado a personas por delitos cometidos cuando eran menores.