La privatización del Canal de Isabel II producirí­a un empeoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento. La gestión del agua conlleva actuaciones ambientales y sociales que no económicamente rentables. El hecho de que una empresa privada, cuyo objetivo principal es la obtención de beneficios, gestione un recurso natural limitado y escaso, como es el agua, pondrá en riesgo aspectos ambientales que no aportan beneficios. Todo lo relacionado con los aspectos ambientales (caudales ambientales, protección de riveras, depuración de aguas residuales, etc) quedarí­an aparcados en la gestión al no resultar económicamente rentables.

La escasa rentabilidad de facilitar el agua a los sectores más desfavorecidos podrí­a ser otro de los aspectos que se vieran perjudicados. Algo similar sucederí­a con la calidad de la potabilización. Al servirse en régimen de monopolio, los ciudadanos no tendrí­an más remedio que pagar el agua, al precio que sea y con independencia de su calidad

Asimismo, la privatización supondrí­a que las arcas públicas dejaran de recibir los beneficios económicos que esta empresa actualmente genera, que irí­an a parar a los futuros accionistas. Finalmente, si dicha empresa privada tuviese problemas financieros, pondrí­a en peligro el suministro de un servicio básico para el bienestar de la ciudadaní­a, como es el abastecimiento de agua potable.

Las consecuencias medioambientales de la privatización del Canal de Isabel II también serí­an nefastas. Es previsible que dejaran de hacerse campañas de concienciación ciudadana para que la población ahorre agua, y que tan importantes son desde el punto de vista medioambiental, pues serí­an incompatibles con la condición de empresa privada, al ir dirigidas a reducir el consumo y por tanto las ventas de agua y los beneficios económicos. Ello dispararí­a el consumo, con el elevado impacto medioambiental y social que ello conlleva. También es previsible que desaparecieran las inversiones en reducir las pérdidas en las redes de distribución, pues en la mayorí­a de los casos no resultan económicamente rentables.

Asimismo, el Gobierno Regional asocia la privatización del Canal de Isabel II a la construcción de dos grandes embalses en la Comunidad de Madrid. Rechazamos la construcción de estos embalses por el gran impacto ambiental que producirí­an, y porque son totalmente innecesarios, pues con las infraestructuras actualmente existentes se garantiza plenamente el abastecimiento de la población de la Comunidad de Madrid, incluso con el incremento previsto para las próximas décadas.

En definitiva, la privatización del Canal de Isabel II tan sólo producirí­a beneficios económicos a algunos particulares, y todo ello a costa de generar graves daños medioambientales y sociales al conjunto de la población madrileña. Por todo ello, las organizaciones antes mencionadas va a llevar a cabo en los próximos meses acciones de protesta contra este despropósito, y anima a otras organizaciones sociales y al conjunto de los madrileños en general a que se unan a las mismas, hasta conseguir que el Gobierno Regional abandone definitivamente sus pretensiones de privatizar el Canal de Isabel II.