Esta jornada de protesta, que tiene un tono indiscutible de corporativismo, conlleva un interrogante sobre quienes son los responsables de la situación que atraviesa la administración de justicia en nuestro paí­s. El caso de Mari Luz puede reproducirse en cualquier otro juzgado de la geografí­a española y hay que ver las causas que hacen que eso sea así­; la falta de juzgados; de recursos materiales y de personal; la inexistencia de aplicaciones informáticas que permitan la coordinación judicial; una ley de enjuiciamiento criminal de 1882 que gira alrededor del número de procedimiento y no del justiciable; estas razones son las verdaderas culpables de la actual situación de colapso judicial.

Todas estas cuestiones señalan a los responsables polí­ticos de las diferentes administraciones, central y autonómicas, en el uso de sus competencias, y no es menos que sorprendente que éstos, eludiendo su propia responsabilidad, busquen una cabeza de turco para aplacar la ira de una sociedad que no entiende cómo se puede producir un error judicial como este. La explicación es bien sencilla: en el siglo XXI tenemos el sistema judicial instaurado por Alfonso XII y ningún gobierno se ha atrevido todaví­a a cambiarlo.