Con esta decisión, comienza a cobrar forma la obligación del Estado español de investigar la suerte que corrieron numerosas personas y el paradero de sus restos, y representa para muchas familias y organizaciones una señal esperanzadora tras décadas de haber sido privadas del derecho a contar con un recurso efectivo.

"Más allá de los actos de homenaje y reparación moral, es tiempo de rehabilitar los derechos de las ví­ctimas. Los familiares de quienes fueron objeto de desaparición forzada no pueden continuar viendo postergado su derecho a saber. Ni el paso del tiempo ni actos polí­ticos de perdón u olvido cancelan la responsabilidad del Estado hacia las ví­ctimas de crí­menes atroces como la desaparición forzada", afirma Esteban Beltrán, director de Amnistí­a Internacional en España.

Amnistí­a Internacional pide a todos los poderes públicos que colaboren con la justicia sin dilación. Como consecuencia de esto, las autoridades españolas deben llevar adelante de la manera más diligente todas las actuaciones necesarias en materia de localización de fosas, exhumaciones, identificación de restos y restitución a sus familiares para su inhumación de acuerdo a la voluntad presunta de la persona fallecida o en su defecto de acuerdo a lo que la familia disponga.

La organización insta una vez más a las autoridades españolas a dar respuesta a la deuda pendiente hacia las ví­ctimas de la guerra civil y el franquismo, y a hacerlo conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Las desapariciones forzadas, como reafirma en su Auto el Juez Baltasar Garzón, son un crimen contra el derecho internacional respecto al cual España tiene obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación.