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150 trabajadores han perdido la vida en Madrid en accidentes laborales entre enero y septiembre
Recibida de UGT-Madrid el 13-10-2008 a las 05:10

UGT denuncia que en el mes de septiembre 9 trabajadores han perdido la vida en accidentes laborales en la Comunidad de Madrid que hace que la cifra se eleva a 105 trabajadores fallecidos desde enero al 31 de septiembre.

Ahora bien, como hemos señalado, que 105 trabajadores hayan perdido la vida en el presente año (hasta 31 de septiembre), teniendo en cuenta que hay una clara desaceleración de la actividad económica, es una barbaridad y nos mueve a exigir acciones concretas de lucha contra los accidentes laborales por parte de los empresarios madrileños y al Gobierno Regional para que la ley se cumpla.

A pesar del descenso, hay datos que preocupan especialmente al Sindicato: entre enero y septiembre los accidentes de trabajo mortales han aumentado en el sector industrial pasando de 13 a 17, en la Construcción han fallecido 20 trabajadores y 40 en el sector servicios.

Para UGT, el elevado número de accidentes laborales que se siguen produciendo en la Región es inadmisible por lo que el Sindicato va a seguir en la campaña de denuncia de la falta de aplicación de las medidas de prevención de los riesgos laborales y de propuestas concretas, entre las que destacamos:

* Exigir el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre todo en relación a los derechos de los trabajadores.

* Aplicación del real decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, e instar a la Administración a que se publique no sólo en el Boletí­n Oficial del Estado o de la Comunidad Autónoma sino también a través de los medios de comunicación de forma que se de la mayor publicidad posible.

* Exclusión de las subvenciones públicas de las empresas que hayan sido sancionadas por infracción grave y muy grave en materia de seguridad y salud.

* La comunicación inmediata, al Ministerio de Economí­a y Hacienda, de las empresas que hayan sido sancionadas con carácter grave o muy grave, en los términos previstos por la Ley de Contratos del Estado y la normativa reglamentaria que la desarrolla.

* Instar a la Administración a que se persone como acusación popular en aquellos casos en que exista presunción de delito por parte del empresario.




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