El fraude de ley consiste en evitar la aplicación de una norma jurí­dica que no interesa, amparándose en otras que se llaman normas de cobertura. Esto es precisamente lo que ha hecho la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejerí­a de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, al redactar el Plan de Ordenación Cinegética (POC) del Parque Regional del Sureste. Este documento permite la caza en las zonas denominadas "C" que incluyen zonas de matorral gipsí­cola (propio de zonas yesí­feras) de Ciempozuelos y Rivas y coscojares de San Martí­n de la Vega. La Ley de creación del Parque prohí­be la caza en estas zonas. Sin embargo, el nuevo POC permite esta actividad y define estas zonas como de marcada vocación cinegética.

En el Parque Regional del Sureste, la caza se realiza ejerciendo idéntica presión temporada tras temporada, sin tener en cuenta la dinámica poblacional. Por ello, la prioridad del Plan de Ordenación Cinegética debe ser desarrollar un modelo de gestión que haga compatible la caza con la conservación de las especies cinegéticas (especies que se pueden cazar) y de los recursos que las sustentan, así­ como con la conservación del resto de especies.

Pero el POC del Sureste, además de no cumplir con estos objetivos, permite seguir cazando especies que se encuentran en franco declive en España y en toda Europa. Son los casos de la codorniz y de la tórtola común, ambas especies migratorias. Ni siquiera esta circunstancia y, el hecho de que se trate de un espacio protegido, han sido tenidos en cuenta para prohibir la caza de estas especies en la media veda (entre 21 agosto y 14 de septiembre), época que coincide con el final del periodo reproductivo.

Esta falta de regulación cinegética en el Parque Regional del Sureste se agrava por la inexistencia de una ley autonómica que regule esta actividad. La Comunidad de Madrid, junto con el Paí­s Vasco, son las únicas comunidades autónomas que carecen de ley de caza propia. Por ello, se siguen rigiendo por la obsoleta y preconstitucional Ley de Caza de 1971.

Pero la permisividad de la caza en el ámbito del Parque Regional del Sureste no sólo va en detrimento de la conservación de este espacio protegido, de las especies y ecosistemas que alberga, también supone un riesgo para la población. La caza resulta incompatible con otras actividades encaminadas al disfrute y la contemplación de este espacio protegido.

Por ello, las asociaciones ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo y la Plataforma Salvemos el Henares han solicitado, a la Dirección General de Medio Ambiente, la retirada del POC del Parque Regional del Sureste. Si a pesar de las graves deficiencias que contiene el documento y del fraude de ley en el que se incurre, fuera aprobado definitivamente, será recurrido ante los tribunales.