Cinco nuevas viviendas de la Cañada Real Galiana han quedado reducidas a escombros esta mañana, al igual que sucedió el pasado 1 de octubre, cuando las excavadoras derrumbaron ocho casas por orden del Ayuntamiento de Madrid. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) rechaza estos hechos, con más energí­a si cabe si los desahucios se producen, como los del 1 de octubre, sin la perceptiva orden judicial, aprovechando, por ende, la ausencia de los vecinos, que se encontraban celebrando el final del mes sagrado de Ramadán. Además, la organización ciudadana exige que todos los esfuerzos se centren ahora en paliar los daños que han dejado las últimas lluvias en la zona.

El Ayuntamiento no sólo ha hecho caso omiso a las peticiones de las asociaciones vecinales de frenar los desalojos hasta que no se consensúe una solución en la que participen todas las administraciones implicadas y las asociaciones ciudadanas, sino que los ha seguido ejecutando a pesar de los graves daños causados por las fuertes lluvias de las últimas semanas. La FRAVM reitera la petición de paralización de los desahucios y, como ha hecho en ocasiones similares, como medida de urgencia, exige a los servicios sociales una solución inmediata para las familias que se han quedado sin vivienda tras la acción de las excavadoras.

La federación vecinal vuelve a demandar la puesta en marcha de un plan integral de medidas sociales para la zona que implique a los ayuntamientos afectados, la Comunidad de Madrid, el Gobierno central y que cuente con la participación de colectivos sociales. Para ello, solicita la activación sin demora de una comisión integrada por todos estos agentes.

El citado plan deberá priorizar las medidas sociales dirigidas a lograr una mayor integración y mejorar las condiciones de vida de las vecinas y vecinos de la Cañana Real Galiana, asegurando su acceso a derechos elementales como la vivienda, la educación o la sanidad.

Por último, la FRAVM recuerda que el movimiento vecinal lleva más de dos décadas demandando a las administraciones la erradicación de los asentamientos marginales y la puesta en marcha de soluciones que aborden todas las dimensiones del problema, alertando sobre el riesgo de enquistamiento del chabolismo y la infravivienda.