Falta de sensibilidad porque, a pesar de lo que ha sucedido y, a sabiendas de que se van a volver a producir cada vez que llueva con mediana intensidad, no se haya hecho nada para evitar el vertido de las aguas procedentes de los drenajes de la M-45 y de las colinas y taludes artificiales creados como consecuencia de las obras de urbanización de los nuevos barrios al sur de la M-45, ni siquiera después de la riada del 22 de septiembre

Estos vertidos, que en su dí­a debieron ser canalizados y conducidos hasta el rí­o próximo, se han dejado libres de una forma totalmente irresponsable, por no calificarlo de criminal, en la cabecera del barrio de Santiago en Coslada. Es decir, la compañí­a constructora de la M-45, para ahorrarse el dinero de la conducción de esas aguas, ha puesto en peligro constante a los vecinos del barrio, un ahorro que la Comunidad de Madrid ha permitido a sabiendas del mal que podí­a producir.

Por si fuera poco, las obras de urbanización de los nuevos desarrollos de Los Cañaverales han venido a aumentar el peligro añadiendo al agua los materiales de construcción arrastrados. Ha habido una ví­ctima mortal -pudieron ser muchas más-, cuantiosos daños materiales y el profundo miedo de los vecinos. ¿Es cuantificable eso en dinero, señora Esperanza Aguirre?

También tenemos que señalar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Coslada, que gobernaba cuando se construyó la M-45 por haberlo permitido y a los gobiernos que le han sucedido hasta hoy porque, a pesar de haberles advertido en multitud de ocasiones del peligro que estaba corriendo el barrio, no se dieron por enterados.

Esta coordinadora asume la responsabilidad que le corresponde por no haber denunciado estos hechos con la suficiente insistencia e insta a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, al Canal de Isabel II, al Ayuntamiento de Coslada y a los demás pueblos implicados a que aborden, con la máxima urgencia, las obras necesarias y resuelvan en un tiempo mí­nimo el problema. Invitamos, asimismo, a los vecinos a que recuerden, mediante la movilización y la vigilancia permanente, a las administraciones su obligación de garantizar la seguridad ciudadana para que el asunto no se olvide tan pronto salga el sol.