UGT se ha opuesto desde el momento en que fue anunciada a la privatización del Canal de Isabel II, dadas las graves consecuencias que esta decisión tendrá de llevarse a cabo sobre el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y sobre la calidad del servicio que se presta a los usuarios, al reducirse la plantilla. El sindicato teme que la privatización encarezca el precio del agua y motive operaciones especulativas al privatizarse los beneficios generados por esta institución.