Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado español en esta materia: "el Gobierno aún no ha creado hasta la fecha los mecanismos adecuados que aseguren la sostenibilidad de la educación para la ciudadaní­a y los derechos humanos en los centros educativos españoles", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistí­a Internacional en España.

Alcanzar las metas y objetivos establecidos por el Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos es una responsabilidad del Estado español que debe ser atendida tanto por el Gobierno central como por las Comunidades Autónomas.

La organización ha constatado que las normas autonómicas que desarrollan la Ley Orgánica de Educación (LOE) no han servido para subsanar las carencias que ésta presenta en relación a educación en derechos humanos.

"La manifiesta oposición a la asignatura que han expresado los gobiernos de algunas Comunidades Autónomas representa un obstáculo añadido a la construcción de una cultura de derechos humanos en un camino que se ha empezado por recorrer en España. Por su parte, los gobiernos que no se han opuesto, han mostrado una débil incorporación de las recomendaciones internacionales sobre esta materia", continúa Beltrán.

El desarrollo es insuficiente
La organización valora positivamente la defensa del Gobierno español por hacer respetar los objetivos de la LOE en lo que respecta a esta asignatura, en coherencia con la responsabilidad derivada de los acuerdos internacionales suscritos. Pero la organización considera imprescindible que el Gobierno ponga en marcha una Comisión Nacional de Seguimiento tras la implantación de esta asignatura, con unos mí­nimos comunes de cumplimiento del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos.

La implantación de Educación para la Ciudadaní­a y los Derechos Humanos (ECD) se produce sin atender a las indicaciones del Programa Mundial de Naciones Unidas de Educación en Derechos Humanos en cuanto la formación del profesorado; el seguimiento de la aplicación de los contenidos de la asignatura; y la falta de una evaluación adecuada a las caracterí­sticas de esta asignatura. De hecho, en ninguna de las órdenes y decretos autonómicos se hace mención al Programa Mundial de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos.

Asimismo, es fundamental incluir la formación inicial y permanente del personal docente, mediante la incorporación de una asignatura obligatoria de Educación en Derechos Humanos en todas las titulaciones de Ciencias de la Educación y en el Master de Formación para Profesorado de Secundaria.

Para alcanzar los objetivos del Programa Mundial de Naciones Unidas, el Gobierno deberí­a prever la revisión de los materiales educativos por parte de personas expertas en educación en derechos humanos.

La organización también recomienda incrementar progresivamente el número de horas lectivas destinadas a la asignatura en Secundaria para igualar la media europea.

"El Gobierno debe acabar con estas carencias para demostrar un verdadero compromiso con los derechos humanos en materia de educación", concluye Beltrán.

En el apartado de avances, destaca la existencia de dos Comunidades Autónomas que cuentan con marco legal autonómico adicional a la LOE relativo a derechos humanos: Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos y Plan de Acción de Educación en Derechos Humanos de Castilla la Mancha.

Una polémica que obstaculiza su implantación
Desde su creación, esta asignatura ha provocado un encendido debate polí­tico y social sobre el derecho a no cursarla, que se ha trasladado a los tribunales. El asunto está ahora en el Tribunal Supremo, que aunará criterio en los próximos meses.

Para Amnistí­a Internacional, la actual situación de confrontación sobre la asignatura puede impedir una correcta adecuación de los contenidos de la materia, de acuerdo a lo que señalan el Plan de Acción del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos de Naciones Unidas y las recomendaciones dictadas por el Consejo de Europa sobre educación para la ciudadaní­a.

Al mismo tiempo, cuatro normas autonómicas de educación (La Rioja, Madrid, Castilla y León, y Murcia) han sido recurridas por el Ministerio de Educación que considera que en ellas se ha suprimido del currí­culo de la asignatura algunos de los contenidos marcados por la LOE.

A Amnistí­a Internacional le preocupa que la supresión de contenidos previstos en la asignatura pueda suponer un incumplimiento de los principios rectores de la educación en derechos humanos de acuerdo a lo establecido por el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos.

España, en la senda europea
Educación para la Ciudadaní­a y los Derechos Humanos se imparte en la mayorí­a de paí­ses europeos. Desde 2005 más de 20 paí­ses "“entre ellos Francia, Portugal, Italia o Polonia "“ tienen esta asignatura como parte obligatoria de sus planes de estudio en enseñanza secundaria obligatoria.

Como aspecto positivo, cabe señalar que la carga lectiva prevista en la LOE para esta asignatura en Primaria ya constituye un avance respecto a la media europea, considerando que algunos paí­ses vecinos, como Francia, Irlanda, Portugal, Polonia u Holanda, entre otros muchos, no la han implantado en este nivel.

Sin embargo, con relación a la carga lectiva asignada a Secundaria, las Comunidades Autónomas siguen manteniéndose por debajo del promedio europeo, a pesar de que diez de ellas (Extremadura, Andalucí­a, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria Castilla la Mancha, Galicia, Paí­s Vasco y Valencia) y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) han incrementado en dos horas la carga lectiva correspondiente a la educación para la ciudadaní­a y los derechos humanos, con relación al mí­nimo marcado por la LOE.

Información Adicional
El 16 de octubre de 2002, el Consejo de Europa, a través de la Recomendación 12/2002 de su Comité de Ministros, apoyada por el Gobierno español del Presidente José Marí­a Aznar, pedí­a a Estados Miembros que "hagan de la educación para la ciudadaní­a democrática un objetivo prioritario de la polí­tica educativa y de sus reformas".

En paralelo, en 2004 España promocionó y se adhirió al Programa Mundial de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos que plantea a los Estados Miembros la introducción en los sistemas educativos de asignaturas con contenidos especí­ficos en derechos humanos.

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 (LOE) representa la respuesta del Gobierno español a esos compromisos internacionales y el currí­culo para la asignatura de ECD contenido en dicha ley asume en conjunto las metas mí­nimas marcadas por Naciones Unidas y el Consejo de Europa.