El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, prevé la supresión de la colaboración en la gestión de la asistencia sanitaria y de la incapacidad temporal a través de empresas colaboradoras, a partir del 1 de enero próximo, lo que ha sido aprovechado por el Consejero de Economí­a y Hacienda de la Comunidad de Madrid, para arremeter contra el Vicepresidente y Ministro de Economí­a y sembrar cizaña entre los trabajadores acogidos al régimen de colaboración y la ciudadaní­a acogida al sistema general.

FSP-UGT de Madrid, opina que se trata de una decisión que tiene que ver con la necesidad de ordenar la atención sanitaria y la incapacidad temporal, una vez que se han separado las fuentes de financiación de la Seguridad Social y de la Sanidad, y está completamente trasferida a las Comunidades Autónomas la competencia plena -en materia sanitaria- y la obligación de la prestación desde 2001.

En cualquier caso, considera FSP-UGT de Madrid, que se trata de una decisión de carácter polí­tico, cuya discrepancia entre los dos Gobiernos, en modo alguno debe resolverse sobre el derecho a una atención sanitaria y de la incapacidad temporal continuada y universal para los más de 50.000 empleados públicos -y sus familias- de la Administración de la Comunidad de Madrid, que hasta el 31 de diciembre, estarán acogidos a una empresa colaboradora. Al mismo tiempo, rechazamos cualquier argumento que presente a los empleados públicos que tengan que acogerse al sistema general, por una decisión polí­tica, como agravante de la asistencia que presta el Sistema Madrileño de Salud (SMS), a dí­a de hoy sumida ya en un problema de gestión.

Por tanto, exigimos al Consejero de Economí­a y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, y al Vicepresidente y Ministro de Economí­a, Pedro Solbes, que resuelvan sus discrepancias polí­ticas sin dañar el derecho fundamental a la salud de los madrileños, en este caso de los empleados públicos de la Administración Autonómica.

Asimismo, exigimos al Gobierno Regional, que tenga previsto los efectos de la decisión y preparado el SMS, para que no retroceda ni empeore en términos de eficacia y calidad la prestación sanitaria a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid acogidos al régimen de colaboración y tampoco se deteriore la situación de los ciudadanos y ciudadanas que reciben la atención sanitaria del SMS. A estos efectos, ofrecemos la negociación colectiva como estrategia para consensuar una hoja de ruta, que aborde los efectos de la decisión de suprimir las entidades colaboradoras, sin perjudicar el derecho fundamental a la salud de la ciudadaní­a madrileña, ni mermar el de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.

Por ultimo, el Consejero Beteta, una vez proceda a la liquidación de la entidad colaboradora de la Comunidad de Madrid, debe presentar a las organizaciones sindicales los balances contables desde que recibió la competencia sanitaria en 2001, a efectos de conocer que las cotizaciones de los empleados públicos, en este periodo, han tenido el fin para el que son deducidas.