La junta directiva de la Plataforma de ONG de Acción Social valoró ayer muy positivamente el anuncio formulado la semana pasada en el Congreso de los Diputados por la ministra de Educación, Polí­tica Social y Deporte, Mercedes Cabrera, según la cual la distribución del 0,7% del IRPF destinado a Fines Sociales no se territorializará. La Plataforma aplaude la decisión del Gobierno, que coincide con la posición de esta organización social, aprobada en su asamblea general en mayo de este año y ratificada ayer por su junta directiva.

Mercedes Cabrera afirmó la semana pasada que "no es intención del Gobierno territorializar las ayudas por el 0,7% del IRPF", destinadas a financiar proyectos sociales. Esta declaración sintoniza con la posición que ha venido manteniendo la Plataforma de ONG de Acción Social, contraria a la territorialización y favorable al mantenimiento del actual sistema por siete razones fundamentales, recogidas en un documento aprobado por su asamblea en mayo de este año:

1.- Los programas que se realizan con los fondos procedentes del 0,7% del IRPF contribuyen a la cohesión social y territorial y a la solidaridad general en un Estado compuesto como es el Estado de las Autonomí­as.

2.- Al situar las necesidades sociales de los ciudadanos en primer término, se favorece la generación de polí­ticas sociales comunes, de ámbito estatal, al margen de criterios territoriales o de recaudación.

3.- Permite una mejor asignación de los recursos financieros disponibles, de acuerdo a los criterios de "eficiencia y economí­a" a los que debe responder la programación y ejecución del gasto público. La desaparición o fragmentación del programa estatal supondrí­a mayores costes de gestión y aumentarí­a las dificultades de coordinación en los procedimientos de intervención, gestión y evaluación de proyectos, para garantizar las condiciones básicas de igualdad.

4.- Favorece el equilibrio territorial con la consiguiente redistribución de recursos entre las CC.AA. de distinta capacidad fiscal. Una distribución territorializada en función de datos económicos -los impuestos obtenidos de las personas que residen en las CC.AA.- primarí­a que se destinasen recursos sociales a territorios que disponen de mayor riqueza y renta posible para atenderlas. Todo ello, en detrimento de los principios constitucionales de igualdad, solidaridad económica, polí­tica y social.

5.- La transferencia a las CC.AA. de la asignación tributaria del 0,7 del IRPF podrí­a quedar subsumida en los presupuestos generales de cada Comunidad no quedando garantizado que dicha cesión sea gestionada por las organizaciones del Tercer Sector para fines sociales.

6.- El programa se financia gracias a la decisión voluntaria de los contribuyentes que, año tras año, han destinado una parte de sus impuestos, confiando en un sistema que funciona desde hace más de 20 años, y con ingresos crecientes. Son, por tanto, las personas, y no los territorios, quienes, al pagar sus impuestos, determinan el alcance de esta asignación tributaria.

7.- Una parte importante de los programas sociales se desarrollan por ONG implantadas en todo el territorio del Estado o en varias comunidades autónomas, mediante una actuación planificada y una gestión racional de sus recursos, con las naturales sinergias. Esta coordinación solo puede hacerse desde una dimensión estatal del sistema.

En sentido contrario, la territorialización podrí­a perjudicar la vertebración de la polí­tica social en España ya que:

1. Darí­a lugar a la multiplicación de las estructuras de las ONG que desarrollan los programas, incurriendo en gastos ineficaces.

2. Se perderí­a el efecto del "trabajo en red" que tan buenos frutos ha dado al sistema.

3. Podrí­a ocasionar la desaparición de actuaciones de acción social realizadas por organizaciones pequeñas.

4. Perjudicarí­a el desarrollo de la ley para la Autonomí­a personal.

La Junta Directiva de la Plataforma acordó ayer solicitar al Ministerio de Educación, Polí­tica Social y Deporte su participación en el proceso anunciado en el Congreso de los Diputados para revisar las medidas y criterios en función de los cuales se procederá, en un futuro próximo, al reparto de los fondos procedentes del 0,7% del IRPF destinado a Fines Sociales. Un proceso en el que, según Cabrera, las Comunidades Autónomas tendrán una mayor participación y en el que las ONG de Acción Social deberí­an también participar, dada la experiencia y conocimiento que estas organizaciones pueden aportar en el análisis de las necesidades de los colectivos más vulnerables, clave en la fijación de los indicadores objetivables de reparto.

Por último, la Plataforma continuará con los contactos que viene manteniendo con los distintos grupos parlamentarios para que el proyecto de ley de Presupuestos, cuyo debate se iniciará en octubre y concluirá previsiblemente en diciembre, no incorpore ninguna modificación que afecte al mantenimiento del sistema actual de reparto.