Los paganos de estos Presupuestos serán nuevamente los empleados públicos, que verán cómo su salario crece por debajo del IPC, una vez más son utilizados para cuadrar las cuentas públicas. Y se sigue manteniendo una referencia absurda del 2% como referencia para el crecimiento del gasto, cuando el IPC más que duplica esta cantidad.

Los Presupuestos Generales del Estado tienen que servir para una correcta redistribución de la riqueza entre todos los ciudadanos, y las CC.AA. en las que residen. Si no se incrementan las inversiones públicas en éstas, no se va nisiquiera a mantener el empleo asociado a su desarrollo, con lo que estos presupuestos sólo servirán para cubrir "“ como no podí­a ser de otra manera- las prestaciones por desempleo.

Vamos a tener que asumir una mayor carga en prestaciones, pero no se invierte en medidas que generen empleo y por tanto cotizaciones al sistema. Así­ tendremos un menor ingreso y un mayor gasto, lo que redundará en el anunciado déficit.

¿Qué va a pasar con las colaboradoras de la Seguridad Social?

La USO ve con preocupación la propuesta de suprimir desde el 1 de enero de 2009 las empresas colaboradas de la Seguridad Social, que vienen asumiendo mediante el oportuno convenio las prestaciones sanitarias y la incapacidad temporal de cientos de miles de trabajadores. La decisión unilateral de cesar la colaboración a partir del 1 de enero de 2009 liberará de cargas a las empresas, pero ¿está la Seguridad Social en condiciones de recibir esta nueva carga?

Para la USO hubiese sido deseable, y así­ lo hará llegar en sus propuestas a los grupos parlamentarios un plan de choque para la reducción del gasto en el conjunto de las Administraciones Públicas: se puede y se debe reducir lo superfluo para garantizar lo necesario.

Se puede reducir el número de asesores, coches oficiales, telefoní­a, y todo aquello que supone el gasto corriente, inclusive la reducción de las subvenciones institucionales a las organizaciones sindicales, que así­ también aportarí­amos nuestro granito de arena, ello servirí­a para aumentar el salario de los empleados públicos en base al IPC real, que han visto como año tras año van perdiendo poder adquisitivo. Sólo un personal motivado será garante de una buena atención a los ciudadanos y de unos servicios públicos de calidad.