La oferta para estos ciudadanos no es ventajosa, pues se les pide que renuncien a un derecho que les ha costado conseguir, el de residencia, por el adelanto de otro que les pertenece (el de la prestación por desempleo).

Además, desde el anuncio de esta medida, el propio gobierno ha rebajado a un 10% la cifra de personas que estarí­an interesadas en acogerse ella, cuando ni siquiera se ha puesto en marcha. Desde el trabajo sindical y de asesoramiento que la USO presta a extranjeros, las previsiones son mucho menores a las 100.000 personas que se estiman.

Por otro lado, la salida de un reducido número de parados procedentes especialmente del sector de la construcción no será solución a los problemas que presenta nuestro panorama laboral.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración deberí­a dejar de esgrimir el binomio paro-inmigración y trabajar por la creación de empleo con calidad en sectores estratégicos. En lugar de desembarazarse del problema deberí­a trabajar por solucionarlo y evitar que la clase trabajadora más sensible sea la que más se resienta en época de crisis.