El campo de golf, promovido por la Federación Madrileña de Golf y el Ayuntamiento de Getafe, se situarí­a en las inmediaciones del barrio de Perales del Rí­o, ocupando una superficie de 65 hectáreas del Parque Regional del Sureste y de la Red Natura. Constarí­a de 18 hoyos, más un campo de prácticas, aparcamiento para 200 vehí­culos y edificaciones para el centro social. El consumo de agua estimado por la Federación de Golf serí­a de unos 275.000 m3/año cifra a todas luces subestimada. Otro punto polémico del proyecto es que no se tiene definido aún de dónde procederá tan excesivo gasto de agua. El proyecto exige un tratamiento terciario de las aguas que ninguna de las dos depuradoras próximas a la zona tiene, es decir las aguas procedentes de las depuradoras no reúnen la calidad suficiente para el riego de estas instalaciones.

Además de los altos consumos de agua, el campo de golf supondrí­a un foco más de contaminación a los suelos y a los acuí­feros, debido a las altas dosis de productos fitosanitarios que se emplearí­an para el cuidado del césped. Algunos de los productos utilizados (Iprodiona, Triclorfon, Diflufenican, Mecocrop) son nocivos para los organismos acuáticos y se utilizarí­an masivamente a escasos metros del rí­o Manzanares; la Iprodiona tiene además posibles efectos cancerí­genos. Escasos kilómetros más abajo las aguas del rí­o Manzanares se utilizan para el riego de los campos agrí­colas, una práctica de alto riesgo sanitario que ha sido denunciada en numerosas ocasiones y que ha sido causa de una reciente sanción de más de 400.000 euros al Canal de Isabel II.

Detrás del proyecto se esconde una gran operación especulativa, fomentada por el Ayuntamiento de Getafe. Los suelos donde se pretende instalar el campo tienen la calificación de No Urbanizables de Protección Especial y en ningún caso están permitidos los usos deportivos. De igual forma se manifiesta la Ley 6/94 del Parque Regional, dando a estos suelos otros usos de tipo dotacional y ambiental, pero nunca compatibles con la práctica del golf. Por esa razón ya el 30 de mayo de 2001 la propia Comunidad de Madrid rechazó en la Junta Rectora del Parque Regional del Sureste la construcción de un campo similar en Pinto, por ser incompatible este tipo de instalaciones con las directrices y objetivos del espacio protegido.

Con este proyecto el Ayuntamiento pretende una recalificación encubierta de un terreno de gran valor ambiental pero de poco valor económico. En 2005 este Ayuntamiento realizó una permuta de suelo con los propietarios de las parcelas donde se situarí­a el campo. Se intercambió así­ suelo no urbanizable de protección por suelos urbanizables. Al liberarse suelo en el interior del Parque para este campo de golf, se dejó más terreno para urbanizar en los nuevos desarrollos de Perales (al lado justo del lí­mite del Parque), y de paso se revalorizan las plusvalí­as para especuladores, constructores y propietarios del suelo. La existencia del campo de golf provocarí­a un aumento automático del valor de esos suelos.

La no aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) favorece en gran medida la realización de este proyecto. En el borrador presentado en 2005 por la Comunidad de Madrid incluí­a un artí­culo en el que se prohibí­a explí­citamente nuevas instalaciones de golf y su práctica en todo el territorio del Parque del Sureste. El PRUG acumula 9 años de retraso respecto a la fecha en la que deberí­a haberse aprobado. Esta parálisis normativa favorece, como en el caso que nos ocupa, la realización de proyectos contrarios a los objetivos de conservación del Parque.

Actualmente, hay 35 campos de golf en toda la región de Madrid, una cifra desorbitada si tenemos en cuenta los recursos hí­dricos disponibles y la demanda social de este tipo de actividad. Actualmente están proyectados cerca de otros 30 campos de golf en toda la Región, obedeciendo a intereses urbaní­sticos, lo que implicarí­a llegar a un colapso hí­drico por no existir recursos suficientes. Los campos de golf existentes se beben anualmente el caudal ecológico asignado al rí­o Jarama a su paso por la presa de El Vado o el equivalente a una ciudad de unos 150.000 habitantes. Para atender estas demandas desde hace más de una década el Canal de Isabel II mantiene cerradas, durante el verano, las presas de El Vado y El Atazar, provocando la desecación de los cauces en los tramos altos y aumentando la concentración de contaminantes en los tramos bajos.

Los colectivos ecologistas del Parque del Sureste se muestran totalmente contrarios a este proyecto, por lo que han presentado recientemente alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental presentado por el Ayuntamiento gobernado por Pedro Castro y por la Federación Madrileña de Golf. Este estudio además, presentaba serias anomalí­as como la ausencia de viabilidad económica, de alternativas, falta de concreción de las conducciones de agua, etc.