A pesar que de que el II Protocolo para la gestión del profesorado interino y sustituto del sistema educativo público canario establece que dicho profesorado podrá obtener destino en una vacante de curso completo durante los procedimientos de adjudicación de comienzos de curso, a pesar de hallarse en licencia por maternidad o similar, debiéndose cubrir su plaza con una sustitución temporal, mientras permanezca en esa situación, en la Dirección Territorial de Educación de Tenerife se están produciendo amenazas a las profesoras embarazadas y que, por prescripción médica tienen que guardar reposo por embarazos de alto riesgo, en el sentido de que serán eliminadas de las listas, argumentando que no tení­an que haberse incorporado y que han firmado un documento declarando que están en perfecto estado de salud.

Es evidente que se encuentran en perfecto estado de salud. Lo que ocurre es que están embarazadas y parece que, para la administración educativa, un embarazo es una enfermedad y no tienen el menor pudor de vulnerar sus derechos cuando toda la legislación vigente protege todas las situaciones derivadas de maternidad. Es inconcebible que una Administración pública no dé ejemplo a la hora de aplicar y respetar los derechos de sus trabajadores/as. Nos preguntamos cómo podrán exigir al sector privado su cumplimiento.

También el II Protocolo establece que en el proceso de adjudicación de destinos provisionales de comienzos de curso, el profesorado interino y sustituto que se encuentre de baja por enfermedad podrá obtener una vacante que, transitoriamente, será cubierta como sustitución temporal. Sin embargo, desde el pasado curso hay numerosos afectados que han visto como se han anulado sus nombramientos por estar de baja por enfermedad.

Denunciamos asimismo la conculcación de derechos elementales y fundamentales que está soportando el profesorado canario, tales como reducción horaria para mayores de 55 años, desplazamientos "forzosos" sin criterio alguno y, en definitiva, empeoramiento constante y progresivo de sus condiciones laborales.

Todas estas medidas y actuaciones de la Consejerí­a de Educación o se han llevado a cabo sin ningún tipo de negociación con la representación del profesorado, como es preceptivo, o bien incumpliendo sus propios acuerdos con algunas organizaciones bajo argumentos peregrinos y tramposos.

Desde el STEC-IC exigimos mayor respeto al profesorado y a la legalidad vigente, y que cesen en su polí­tica hostil y agresiva hacia el conjunto de los docentes.