Los accidentes de trabajo mortales han crecido un 16,4% en el primer trimestre de 2002, con respecto al mismo periodo del pasado año y los itinere, que se producen en el camino de casa al trabajo o viceversa, han aumentado un 3,6%. Estos datos demuestran que la siniestralidad laboral sigue creciendo por el incumpliento sistemático de la Ley de Riesgos Laborales por parte de los empresario ( y por la pasividad del Gobierno ha contribuido el Gobierno con la Reforma Laboral de 2001 y ahora se agrava con el decretazo sobre la protección por desempleo, poque introducirá aún más precariedad en las condiciones de trabajo.

El Gobierno del PP con el sr. Aznar a la cabeza, parece insaciable en su afán de aniquilar por completo los logros y los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras de este paí­s, derechos por las que han cotizado con mucho esfuerzo y que nadie les ha regalado. Esta obsesión de este Gobierno, por desproteger las condiciones sociales y laborales, tiene su última expresión en la aprobación por la ví­a de urgencia del Real Decreto Ley sobre la Reforma del Desempleo. Una reforma que unida a la reforma laboral de marzo del 2001, casi cierra el circulo de la degradación total de las condiciones de trabajo a las que se ven sometidos los trabajadores/as. Entre tanto, la siniestralidad, en su forma más dramática, sigue aumentando ante el desinterés del Gobierno.

En el primer trimestre del 2002 los accidentes de trabajo mortales durante la jornada laboral con respecto al mismo periodo del año anterior ha aumentado un 16,4 % y los in itinere un 3,6 % (en el año 2001 se produjeron un total de 447 accidentes mortales in itinere), sin embargo, se sigue impasible ante el permanente y continuo incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de los empresarios, que cuentan además, con la complicidad pasiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y el propio Gobierno, que por un lado, legisla para que el trabajador tenga que dedicar mucho mas tiempo en los trayectos, y por otro, pretende eliminar de las estadí­sticas de accidentes de trabajo, los in itinere. La respuesta del Gobierno a estas situaciones, es la asunción de medidas legales que deterioran y precarizan las relaciones laborales.

Si la Reforma Laboral del 2001, esta introduciendo mayor flexibilidad, está desregulando el contrato a tiempo parcial y aplicando un contrato para la formación desnaturalizado, esta situación, se ve agravada con la reforma del desempleo, ya que, prácticamente todas las medidas restrictivas contenidas en dichas reformas, acentuará más la precarización de las condiciones de trabajo, lo que incidirá en un aumento de la siniestralidad.

La flexibilidad de las relaciones laborales tienen una incidencia directa sobre el aumento de la precariedad. La estabilidad en el empleo es fundamental para la mejora de las condiciones de trabajo. España a la cabeza de la UE respecto a la temporalidad de sus relaciones laborales, (uno de cada tres trabajadores tiene un contrato temporal), tiene las tasas de siniestralidad más elevadas como consecuencia fundamental de esa temporalidad, los contratos son cada dí­a más cortos, el 80% de los contratos realizados duran menos de seis meses y prácticamente el 60% de ellos no llegan al mes.

Como consecuencia, habrá una mayor rotación e inestabilidad, que impide una formación adecuada y permite la implantación de puestos de trabajo absolutamente precarios ( el 84 % de las empresas con mayor siniestralidad no ha dado formación a sus trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos). Del total de accidentes de trabajo con baja registrados oficialmente, el 60%, ocurrieron entre los trabajadores con contratos temporales.

Desde que gobierna el PP (1996), la siniestralidad ha aumentado hasta el 2000, según sus propios datos, entre los trabajadores temporales en un 60%. A esta situación, se responde con modificaciones del mercado de trabajo, a través de las diferentes reformas y en concreto en la reforma del desempleo, que con la implantación de medidas regresivas como la eliminación del salario de tramitación, traerá como consecuencia directa, el incremento de despidos de trabajadores fijos y la contratación de eventuales con la consiguiente degradación del mercado laboral.

El establecimiento del compromiso de actividad para aceptar cualquier empleo, so pena de perder la prestación por la que han cotizado, traerá la asunción de cualquier condición de trabajo. El gobierno justifica estas medidas criminalizando a los trabajadores en paro, cuando la retirada de la prestación por desempleo, según datos facilitados por el INEM por no aceptar un puesto de trabajo adecuado, alcanzó a 1.830 trabajadores el 0,16 % de los trabajadores con prestaciones.

Por el contrario, nada hace por combatir el fraude empresarial en aplicación de sus propias leyes, según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en un informe basado en la visita a más de 5.000 empresas y tan solo respecto a la formalización de contratos temporales, el 48 % (13.000) de los contratos temporales revisados eran fraudulentos. Igualmente, este fraude, se pone de manifiesto a través del incumplimiento de las obligaciones legales por parte de las empresas con mayor siniestralidad laboral en España. Aportar, tan solo, algunos de los datos contenidos en el informe de seguimiento del Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral, sobre las 30.000 empresas que acumulan más del 50 % de los accidentes de trabajo: el 66% no ha realizado ninguna planificación preventiva y el 98 % no realiza vigilancia de salud especí­fica. Estos son incumplimientos de una ley que lleva en vigor 6 años y que están provocando un drama y un coste social insoportable, así­ como, un coste económico para el sistema público y el sistema productivo, que deberí­a ser prioritario atajar por el Gobierno a través de medidas por la ví­a de urgencia.

Sin embargo, el Gobierno tampoco hace nada para paliar el gasto derivado de la siniestralidad laboral, 25 millones de jornadas perdidas como consecuencia de la siniestralidad laboral y más de dos billones y medio de pesetas anuales como consecuencia de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de las cuales, más de 900.000.000.000 de pesetas, son de costes directos para el sistema público de la Seguridad Social y de estos, más de trescientos mil millones pesetas lo son para pensiones originadas por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

En definitiva, la reforma de las prestaciones por desempleo va ha suponer, que los trabajadores en paro tendrán que aceptar un trabajo inestable y precario y además tendrá que desplazarse a grandes distancias para trabajar, ello comportará mas tensión y agotamiento fí­sico y psicológico, sobre todo en determinados sectores de actividad donde además, los desplazamientos de un lugar a otro de trabajo, suponen una parte importante de la jornada laboral. Sabemos y el Gobierno del señor Aznar también, de las consecuencias nefastas que tienen sobre los trabajadores/as los desplazamientos largos sumados a la intensificación de los ritmos de trabajo.

Por ello, los sindicatos decimos ¡Basta ya! de agresiones a los derechos sociales y laborales de los trabajadores y de que el Gobierno haga caso omiso al incumplimiento reiterado y permanente por parte de los empresarios de la normativa en prevención de riesgos laborales, que el propio Gobierno promueve y al mismo tiempo realiza con complacencia rebajas de cotizaciones y de impuestos a los empresarios, mientras desarrolla acciones legislativas, que atentan a los derechos sociales y laborales de los trabajadores/as y a la dignidad de estos. Por ello, los sindicatos reivindicamos un empleo estable y de calidad y una adecuada y eficaz protección social y laboral.