La desaparición forzada es una grave violación de los derechos humanos que ha afectado y afecta a decenas de miles de personas y sus familias en todo el mundo, con casos documentados en más de 80 paí­ses. Desde 1983, se registra una media de 1.900 casos de desaparición forzada cada año, 47.500 en los últimos 25 años; en 41.257 casos se sigue sin conocer el paradero de la ví­ctima. Sólo en 2007, Naciones Unidas ha derivado cientos de denuncias de desapariciones forzadas a 29 Gobiernos.

Hoy dí­a, decenas de paí­ses en todo el mundo siguen utilizando la práctica ilegal de la desaparición forzada amparados en la excusa de la seguridad y la lucha antiterrorista. En Pakistán, por ejemplo, al menos 563 personas han sido detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada después de los atentados del 11-S. En Iraq, según Naciones Unidas, existen 16.387 casos pendientes de desapariciones forzadas. Además, Amnistí­a Internacional publicó en junio de 2007 los datos de 39 personas desaparecidas en el marco de la "guerra contra el terror" encabezada por Estados Unidos, y que aún siguen en paradero desconocido. A pesar de que la desaparición forzada es un crimen que Estados Unidos tiene la obligación de investigar, el programa de detenciones secretas de la CIA fue autorizado por el presidente Bush en julio de 2007.

También se siguen sin investigar decenas de miles de casos de desapariciones forzadas producidas en los últimos 25 años en numerosos paí­ses. Trece años después de terminada la guerra en Bosnia Herzegovina, al menos 13.000 personas siguen en paradero desconocido, y sus victimarios siguen gozando de impunidad. En Lí­bano, 17.415 personas fueron sometidas a desaparición forzada entre 1975 y 1990 y todaví­a se desconoce la suerte que corrieron. En Nepal, al menos 900 personas fueron detenidas y sometidas a desaparición forzada durante el conflicto que sufrió el paí­s entre 1996 y 2006, y dos años después de firmar el Acuerdo de Paz, estos casos siguen sin investigarse. Y tampoco el gobierno de El Salvador ha puesto en marcha medidas para resolver los 2.270 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo durante el conflicto interno en la década de los 80"™.

Cada desaparición forzada viola un amplio conjunto de derechos humanos y, en último término, el derecho a la vida, ya que es frecuente que las personas "desaparecidas" sean asesinadas. La desaparición forzada es la corrupción última, el abuso de poder que permite a los responsables transformar la ley y el orden en algo irrisorio y cometer crí­menes infames.

Además, las desapariciones forzadas provocan grave angustia a los familiares de las ví­ctimas, a quienes les resulta imposible averiguar si la persona está viva o muerta y no pueden guardar duelo por ella. Para ellos la desaparición se prolonga sin fin, y por esa razón los tribunales de derechos humanos la consideran una violación continuada de derechos humanos y una forma de tortura.

Convención sobre Personas Desaparecidas
El 20 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La Convención constituye una oportunidad crucial para erradicar la abominable práctica de las desapariciones, garantizar que las ví­ctimas y sus familias tengan acceso a la justicia y evitar que los crí­menes del pasado caigan en el olvido. Sin embargo, aún debe ser ratificada por 20 Estados para su entrada en vigor, y hasta la fecha sólo cuatro paí­ses lo han hecho.

La Convención Internacional sobre Personas Desaparecidas en un gran paso adelante en el refuerzo de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Por esto, es de suma importancia que los Gobiernos firmen y ratifiquen la Convención para conseguir que este importante instrumento entre en vigor y sea utilizado de forma general. Además, Amnistí­a Internacional considera fundamental que los Estados acepten la competencia del nuevo Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar comunicaciones presentadas por particulares.

La situación en España
Hoy, Dí­a Internacional de los Desaparecidos, Amnistí­a Internacional pide al gobierno español que asuma un compromiso categórico con los derechos humanos en cuanto a desapariciones forzadas se refiere. Las autoridades españolas deben facilitar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las ví­ctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo, y exigir al Gobierno norteamericano una aclaración sobre el paradero del ciudadano español Mustafá Setmariam Nasar.

Además, Amnistí­a Internacional insta al Gobierno español a que empiece de inmediato los trámites de aprobación parlamentaria para que la Convención Interncional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas sea ratificada por España cuanto antes.

Ví­ctimas sin justicia
Tras la aprobación el pasado diciembre de 2007 de la denominada Ley de memoria histórica, Amnistí­a Internacional lamentó que dicho texto dejase al margen a ví­ctimas de graves crí­menes de derecho internacional, como por ejemplo las ví­ctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o torturas. Decenas de miles de personas fueron ví­ctimas de estos graves crí­menes tanto durante la Guerra Civil como durante el franquismo, sin embargo éstos se encuentran ausentes en la Ley. Ni se nombran, ni se aborda la responsabilidad del Estado, no siendo las ví­ctimas objeto de indemnizaciones ni ví­as de acceso a la justicia.

Si bien la organización consideró que el proyecto finalmente aprobado mejoraba algunos aspectos muy preocupantes respecto al borrador inicial, por ejemplo al eliminar mecanismos de impunidad que impedí­an conocer la identidad de los presuntos autores de crí­menes contra el derecho internacional, AI señaló que muchas de las disposiciones de la Ley eran ambiguas o meras declaraciones de intenciones que dependerí­an en gran medida del desarrollo reglamentario posterior.

Este era el caso de lo establecido con relación con la cuestión de las fosas comunes, la Ley contiene la obligación de elaborar un mapa de fosas en todo el territorio o la elaboración de un protocolo para la exhumación de cadáveres, además de poner en conocimiento de las autoridades judiciales de los hallazgos. Sin embargo, casi un año después de la aprobación de la Ley, el gobierno no ha hecho ningún avance sobre estas cuestiones. El gobierno sigue obviando la responsabilidad del Estado de investigar estas graves violaciones de derechos humanos y garantizar justicia y reparación a las ví­ctimas. Con este alejamiento de los estándares internacionales en la cuestión de las fosas comunes, España ofrece un pésimo precedente a otros paí­ses que se enfrenten a procesos similares.

¿Dónde está Mustafá Setmariam?
En noviembre de 2005, el ciudadano español de origen sirio, Mustafá Setmariam Nasar, fue detenido por agentes pakistaní­es y entregado a las autoridades estadounidenses. Setmariam es uno de los 39 desaparecidos por las autoridades norteamericanas en el marco de la "guerra contra el terror" cuyo paradero sigue siendo una incógnita.

Amnistí­a Internacional pide a las autoridades españolas que redoblen las acciones con el Gobierno de Estados Unidos para averiguar su paradero y poner fin a su detención. Se cree que Mustafá Setmariam podrí­a estar recluido en la base militar estadounidense de Diego Garcí­a, isla británica en el Océano Índico.

Con anterioridad a su "desaparición", en noviembre de 2004, el nombre de Mustafá Setmariam aparecí­a en una lista de "terroristas más buscados" del FBI. Las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre su paradero. Pero su nombre fue borrado de esa lista con posterioridad a su presunta detención en Pakistán. Un juez instructor de la Audiencia Nacional tiene decretada una orden de búsqueda y captura por su presunta vinculación con Al Qaeda.