UGT exige al Gobierno que trabaje para garantizar escrupulosamente, y en todos los órdenes, el derecho de huelga y que cese en sus actuaciones para impedir el libre ejercicio de este derecho constitucional, como la circular que el Ministerio de Interior ha dirigido a las empresas. El sindicato manifiesta que la actuación de las fuerzas de seguridad debe ir encaminada a garantizar el normal funcionamiento democrático el dí­a 20 de junio y le recuerda que la mayorí­a absoluta no le da carta blanca para arrasar con los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La utilización del Decreto-Ley como fórmula para poner en vigor los recortes al desempleo y la protección por despido reflejó una falta de respeto del Gobierno a las instituciones democráticas, hacia el Parlamento y los sindicatos.

La urgencia y extraordinaria necesidad del decretazo era inexistente y su única razón era enfrentar la legitimidad de las organizaciones sindicales con la legitimidad parlamentaria. Es decir, utilizar una prerrogativa del Gobierno con la intención de mantener un pulso polí­tico con los sindicatos y cuestionar el ejercicio del derecho de huelga.

En esta fase de difusión de los motivos de la huelga que los sindicatos estamos realizando, volvemos a tener nuevas pruebas de esa falta de talante democrático, de la incapacidad del Gobierno para actuar con criterios polí­ticos de normalidad ante el encauzamiento constitucional de un conflicto por la ví­a del derecho de huelga. Los "tics" despóticos de la mayorí­a absoluta se están haciendo notar en diversas manifestaciones y actuaciones gubernamentales que tratan de obstaculizar la libre adhesión de los trabajadores a la huelga planteando ésta como origen de conflictos de orden público e insistiendo en los aspectos policiales de seguimiento de la misma.

La reciente circular del Ministerio del Interior es una prueba palpable de esta visión incompatible con la garantí­a de un derecho constitucional. La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad no puede plantearse como un elemento del Gobierno para luchar contra la huelga, sino como una pieza más para el normal funcionamiento democrático de nuestro paí­s en un dí­a especial como será el 20 de Junio. Un dí­a en que el Gobierno debe garantizar el libre ejercicio de las libertades y de los derechos democráticos, y en particular del derecho de huelga.

Una de las facetas de esa normalidad debe ser una actuación activa de las autoridades ante las coacciones de diverso tipo que los trabajadores, y particularmente, los que tienen contrato temporal reciben de sus empresarios para que no se sumen a la huelga. Este es el mayor problema; cómo van especialmente 4 millones de trabajadores temporales a ejercer con libertad su derecho a la huelga.

El adecuado desarrollo de los derechos de expresión y manifestación que conlleva el ejercicio de una huelga como la convocada debe ser asegurado también por las autoridades públicas, sin olvidar la responsabilidad propia de las autoridades laborales en la sanción de todas aquellas infracciones que se cometan contra los derechos colectivos de los trabajadores.

El libre ejercicio de los derechos fundamentales de expresión e información exige también un tratamiento informativo neutral por parte de los medios de comunicación de titularidad pública, tanto en la difusión de los actos previos como en la canalización de debates, incluida la televisión entre el Gobierno y los Sindicatos.

UGT rechaza igualmente la idea de asociar el llamamiento sindical a la huelga con una supuesta lesión de la libre voluntad de acudir ese dí­a al trabajo, de plantear esta asociación como un pretexto para imponer "en nombre del derecho al trabajo", unos servicios mí­nimos abusivos o contrarios a la Constitución.

Las propuestas de negociación sobre servicios mí­nimos que hemos formulado los sindicatos buscan un punto de equilibrio y limitación recí­proca del derecho de huelga con los demás derechos fundamentales a que se relacionan con los diferentes servicios esenciales.

Por todo lo anterior, y porque ya se están produciendo coacciones, entre otras cosas con la creación de un clima de presión, los Sindicatos reclamamos del Gobierno que cese en sus manifestaciones y decisiones de pretender controlar o luchar contra la huelga. La mayorí­a absoluta no es una "patente de corso" para la utilización de las instituciones públicas con el fin de desvirtuar una actuación colectiva tan importante como una huelga general.

En definitiva, UGT exige al Gobierno de la Nación que trabaje para garantizar escrupulosamente y en todos los órdenes el derecho de huelga.