Desde CGT queremos resaltar que estamos ante un procedimiento previo, ya que todaví­a el juez no ha decidido la apertura de este caso. Está siendo, como siempre, la sociedad civil, los trabajadores y trabajadoras, quienes marquen la pauta de progreso social y exijan a la administración pública, la búsqueda de la justicia y la verdad del verdadero genocidio que supuso el golpe militar franquista y su posterior represión brutal.

Igualmente, queremos resaltar que este procedimiento previo planteado por el juez Garzón no está relacionado con la Ley de Memoria Histórica aprobada el año pasado por el gobierno socialista y el parlamento, sino que representa un proceso paralelo de revisión histórica, ya que, la ley de Memoria Histórica vuelve a ser una ley de punto final incapaz de dar respuesta democrática a las victimas, de todo tipo, provocadas por el régimen fascista y golpista.

Este procedimiento ha debido ser presentado ya que la ley de Memoria contempla que la administraciones públicas hagan dejación de sus responsabilidades en las localizaciones de desaparecidos, exhumaciones, identificación de ví­ctimas enterradas en fosas comunes, así­ como en la anulación de todas las sentencias franquistas o la reapertura de revisiones de sentencias como las de Granado y Delgado o Joan Peiró.

CGT seguirá aportando su trabajo y colaboración con las Asociaciones de Recuperación de la Memoria y sociedad civil en general, hasta que se haga verdadera justicia social, se conozca la verdad, se condene y esta democracia rompa todo tipo de lazos con el régimen dictatorial franquista.