El sistema educativo español funciona, pese a los problemas que las administraciones educativas conocen perfectamente y que deberí­an solucionar para que funcionara mejor y mejorara el dí­a a dí­a de las escuelas e institutos. Para conseguirlo es necesario que el gobierno central, los gobiernos autonómicos y la sociedad en su conjunto consideren a la educación una prioridad, por lo que, pese a la crisis económica, las inversiones en educación deben aumentar, acabando con las privatizaciones y destinando el dinero público a la escuela pública, y así­ el sistema mejorará sus infraestructuras y aumentará sus recursos humanos y materiales.

Para cumplir el objetivo de la mejora de la calidad de la enseñanza es necesaria la disminución de las ratios, del número de alumnos y alumnas por aula, ya que no se puede continuar con el mismo nº de alumnos en las aulas que hace 25 años; la heterogeneidad y problemática del alumnado actual demanda esta reducción y la demanda con urgencia; el exceso de alumnado en las aulas trae problemas de convivencia y aumento de conflictividad en las mismas. También es necesario que las administraciones educativas contraten trabajadores sociales para agilizar y mejorar las relaciones de los centros con algunas familias, pues la disparidad de su interés por la educación de sus hijos e hijas y por sus problemas en el perí­odo de escolaridad exige que las plantillas de los centros se aumenten y se contraten otros profesionales distintos a los docentes, como son mediadores escolares, cuidadores"“acompañantes, etc"¦

Todo el alumnado tiene derecho a escolarizarse en la escuela pública y "repartir" al que pueda parecer problemático no debe ser un objetivo ni de las administraciones ni de las organizaciones que defendemos la escuela pública; los STES propugnamos que el Gobierno central y las consejerí­as de Educación no propicien guetos concentrando a este alumnado en los mismos centros públicos. Los centros que escolaricen este tipo de alumnado deben ser dotados con medios humanos y materiales de tal forma que se pueda impartir una educación de calidad.

Hay algunas comunidades, entre las que destaca Cataluña, Madrid y el Paí­s Valenciano, que todaví­a mantienen a parte de su alumnado estudiando en barracones, en aulas prefabricas, lo que nos demuestra el poco interés que tienen por la escuela pública los responsables polí­ticos de las mismas. Los STES-i estamos exigiendo en cada una de estas comunidades planes urgentes de construcción de centros para atajar este problema.

Continuará el falso debate de la libertad a objetar la asignatura de Educación para la Ciudadaní­a y los Derechos Humanos, cuando el verdadero debate debe ser el por qué se sigue permitiendo en un Estado aconfesional que la religión católica se siga impartiendo en todos los centros educativos en horario escolar y se discrimine al alumnado que opta por no dar religión. Los STES-i, ante esta situación hemos pedido las Consejerí­as de Educación que quiten los conciertos a los centros privados que promuevan esta objeción o que no impartan esta asignatura. Y al gobierno central que actúe judicialmente contra los responsables educativos que promuevan dicha objeción, pues su obligación es cumplir y hacer cumplir la ley.

El profesorado debe ver reconocido social, laboral y económicamente el trabajo que realiza. Es necesario que sus retribuciones económicas se igualen con las del resto del funcionariado, que no pierda poder adquisitivo, que se le reconozcan las enfermedades profesionales, que las plantillas de los centros sean estables, que el profesorado interino mantenga su puesto de trabajo hasta su acceso definitivo a la docencia, que se mantenga la jubilación voluntaria a los 60 años de edad"¦

En definitiva, que los problemas que el curso pasado propiciaron movilizaciones y huelgas en diferentes comunidades deben solucionarse, pues si no es así­, se repetirán en el curso que hoy empieza los conflictos en la enseñanza.

Los STES-i, que mañana dí­a 2 de septiembre se reúnen con Dª Eva Almunia, Secretaria de Estado de Educación, continuaremos con nuestra lucha para la mejora y potenciación de la escuela pública y para la consecución de mejoras laborales para el conjunto del profesorado.