El crecimiento del IPC situándose en el 5,3%, supone una desviación del 165% respecto a la previsión inicial del Gobierno para el 2008, si tenemos en cuenta que los incrementos salariales de los Convenios Colectivos se fijaron como fruto del acuerdo de los sindicatos mayoritarios y las patronales tomando este 2% como referencia, ello está dando como resultado un profundo deterioro de las rentas del trabajo y una pérdida del poder de compra, que lleva a millones de familias a llegar a duras penas a fin de mes, lo que está repercutiendo en menos familias que han podido salir de su hogar para disfrutar de sus merecidas vacaciones, con el consiguiente deterioro del consumo interno.

La subida de los carburantes, algo previsible para todos, menos para este Gobierno que hizo las cuentas públicas con una estimación de costes de los mismos muy alejada de la realidad (como viene siendo habitual) no puede convertirse en una excusa para dirigir las culpas a factores exclusivamente externos. Durante el mes de julio los carburantes han bajado y el IPC ha seguido subiendo, algo no funciona en el análisis simplista del Gobierno. La USO reclama la necesidad de definir una polí­tica energética que reduzca nuestra dependencia del petróleo, e implemente los recursos energéticos propios.

Si la única solución del Gobierno es dejar pasar el tiempo, y pensar en una reducción del IPC fruto del descenso del consumo, mala situación será, pues ello indicarí­a que el empleo es quien paga las consecuencias de su inactividad.

Esperamos que la presidencia de Zapateo en las Comisión delegada de asuntos económicos no sea un nuevo gesto de cara a la galerí­a, y si su actuación en ella sea para hacer, lo que su vicepresidente económico no hace, tomar medidas ya que palien la situación y no confundir los deseos con la realidad.
Desde la USO reclamamos que las previsiones que está realizando el Gobierno para la confección de los próximos Presupuestos Generales del Estado contengan una previsión de crecimiento del IPC adecuada a la realidad, y no cargue una vez más sobre el poder adquisitivo de los empleados públicos su falta de acierto.