Amnistí­a Internacional ha pedido también a los lí­deres del nuevo gobierno de Pakistán que rehabiliten a los jueces depuestos que estaban investigando casos de desaparición. Cuando el presidente Pervez Musharraf impuso el estado de excepción en noviembre de 2007, depuso a jueces clave, que habí­an exigido una respuesta al Estado en relación con las desapariciones forzadas.

En su nuevo informe, Denying the undeniable, enforced disappearances in Pakistan, Amnistí­a Internacional se vale de actas judiciales oficiales y declaraciones juradas de ví­ctimas y testigos de desaparición forzada para mostrar a las autoridades paquistaní­es que los intentos de localizar a las personas desaparecidas se han visto obstaculizados por funcionarios del Estado, especialmente de los servicios de inteligencia y seguridad.

Centenares de personas "desaparecidas" fueron detenidas en aplicación de medidas antiterroristas adoptadas por Pakistán en el contexto de la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos.

En el informe se pide también a otros gobiernos, especialmente al de Estados Unidos, que garanticen que no son cómplices en la práctica de la desaparición forzada ni la facilitan ni toleran. Muchas personas que han estado recluidas en secreto en centros de detención de Pakistán afirman que fueron interrogadas por los servicios de inteligencia paquistaní­es, pero también por agentes extranjeros.

"El primer ministro Yusuf Raza Gilani ha hecho hincapié en el compromiso el gobierno de coalición con la necesidad de hacer valer los derechos humanos "“ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceaní­a de Amnistí­a Internacional-. Le instamos a que tome de inmediato medidas para resolver todos los casos de desaparición."
"Como primera medida, el nuevo gobierno debe aliviar el sufrimiento de los familiares de los "desaparecidos" dejando en libertad a los detenidos o trasladándolos a centros oficiales de detención."

Las desapariciones forzadas están por su naturaleza rodeadas de secreto, por lo que es imposible conocer el número exacto de ví­ctimas. Las organizaciones paquistaní­es que trabajan en favor de las familias de las personas desaparecidas afirman que hay al menos 563 casos.

Basándose en declaraciones juradas y otros testimonios, el informe de Amnistí­a Internacional revela la existencia de reiterados casos de personas (algunas menores de edad, incluso de sólo nueve años en uno de los casos) que han sido detenidas arbitrariamente por miembros de las fuerzas de seguridad y, con los ojos vendados, han sido trasladadas de un centro de detención a otro para que resulte difí­cil seguirles el rastro.

"No sabemos si las personas objeto de desaparición forzada son culpables o inocentes "“ha señalado Sam Zarifi- , pero es esencial respetar su derecho a ser acusadas y juzgadas debidamente ante un tribunal de justicia."

"Con la detención de personas en secreto, el gobierno de Pakistán no sólo viola los derechos de los detenidos, sino que también incumple su deber de presentar cargos contra los presuntos responsables de ataques contra civiles y juzgarlos."

Información complementaria
Este informe es el último publicado en el contexto de una campaña que Amnistí­a Internacional está llevando a cabo con objeto de poner fin a la práctica de la desaparición forzada en todo el mundo.

En 2006, la organización documentó decenas de casos de desaparición forzada en Pakistán, especialmente de personas detenidas en aplicación de medidas antiterroristas adoptadas por Pakistán en el contexto de la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos.

Entonces, el presidente Musharraf negó lo denunciado por Amnistí­a Internacional, señalando: "No quiero ni siquiera contestar a ello. Es absurdo. No me lo creo. No es verdad". Añadió que su gobierno habí­a detenido a 700 personas, pero que habí­a dado cuenta de toda ellas. En marzo de 2007 volvió a asegurar que la afirmación de que habí­an desaparecido centenares de personas bajo custodia de los servicios de inteligencia paquistaní­es no tení­a "absolutamente ninguna base" y que en realidad estas personas habí­an sido reclutadas o captadas por "grupos yihadí­es" para combatir. "Estoy totalmente seguro de que las personas desparecidas están bajo el control de organizaciones extremistas", dijo.

Casos del informe

– Asad Usman, de nueve años de edad, fue detenido por la policí­a de fronteras de Baluchistán, que, según figura en la documentación oficial, dijo que serí­a puesto en libertad cuando su hermano mayor, que estaba siendo buscado, se entregara. Estuvo recluido en Tump o Mand, cerca de Turbat, provincia de Baluchistán. El Tribunal Supremo ordenó que fuera puesto en libertad el 27 de abril de 2007.

– Masood Janjua, hombre de negocios y padre de familia de 45 años, fue detenido por las fuerzas de seguridad paquistaní­es en julio de 2005, cuando viajaba en autobús con su amigo Faisal Faraz, ingeniero de Lahore de 25 años. El gobierno no ha reconocido que se encuentre recluido, pese a que varias personas que han estado detenidas, entre ellas el Dr. Imran Munir, afirman que lo vieron bajo custodia. La esposa de Masood, Amina Masood Janjua, fue cofundadora del grupo Defensa de los Derechos Humanos con la madre de Faisal.

– El Dr. Imran Munir, ciudadano malaisio de origen paquistaní­, fue detenido en julio de 2006 y estuvo en paradero desconocido hasta que el Tribunal Supremo fue informado en una vista del 4 de mayo de 2007 de que se le habí­a formado consejo de guerra por el cargo de "espiar en contra de Pakistán". Un mes después se comunicó al Tribunal que habí­a sido condenado a ocho años de prisión. El Tribunal ordenó su comparecencia y, al ver que estaba mal de salud, determinó su ingreso en un hospital. El Dr. Munir iba a hacer una declaración sobre su desaparición forzada cuando la vista quedó interrumpida por la imposición del estado de excepción en noviembre del año pasado. Las autoridades militares retiraron la sentencia condenatoria dictada contra él tras ponerla el Tribunal Supremo en duda. Amnistí­a Internacional ha sido informada de que el Dr. Munir no ha sido sometido todaví­a a un nuevo juicio por espionaje, cargo que pesa todaví­a sobre él, y sigue confinado en el hospital.