El director general de la OMC, Pascal Lamy, convocó para hoy, 21 de julio, en Ginebra, a una Cumbre Mini-Ministerial selectiva y antidemocrática, para tratar de concluir la Ronda de Doha de la OMC. Tras varios años de negociaciones, cumbres ministeriales fallidas y repetidos re-inicios, esta es su "última oportunidad" antes de que el actual Presidente de EEUU, George Bush, deje su cargo. Aunque una amplia mayorí­a de la población en los paí­ses participantes de la reunión en Ginebra, tales como Brasil, India, Indonesia, Filipinas, Sudáfrica, Kenia y Egipto, sufre la liberalización comercial y vive en la pobreza, se están desplegando grandes presiones sobre sus gobiernos para abrir aun más sus mercados.

La OMC quiere concluir esta ronda titubeante, dejando de lado otras prioridades mundiales claves como la crisis alimentaria, los precios de los combustibles, el calentamiento global, la pobreza en el mundo y la deuda externa.

Organizaciones agrarias, ecologistas y ONGs[1] retan al Gobierno español si está dispuesto a cambiar las reglas internacionales de comercio, o, en cambio, apoya las polí­ticas y normas de la OMC que son incoherentes, entre otras, con el Plan Director de Cooperación española, la Estrategia Española de Cambio Climático y Energí­a Limpia, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, el Protocolo de Kyoto, o el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013.
Si se concluye la Ronda de Doha de la OMC, la expansión de las polí­ticas de liberalización comercial beneficiará a las grandes empresas transnacionales, pero afectará muy negativamente a los trabajadores, agricultores, mujeres, consumidores y el medioambiente.
– Pérdida de empleos (tanto en España como en el Sur Global) y la violación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la mayor parte de la población en los paí­ses en desarrollo.
– El sustento de los agricultores, la soberaní­a alimentaria y el desarrollo rural se verán cada vez más amenazados. Estados Unidos y la UE siguen subsidiando a sus empresas agroexportadoras, al mismo tiempo que se oponen a que se proteja a millones de agricultores con polí­ticas y medidas claves. Esta medida es escandalosa, en vista de la actual crisis alimentaria mundial.
– Privatización y desregulación creciente de los servicios, incluso en sectores como las finanzas y la energí­a. La finanza desregulada destruye la sociedad: aumento de los precios de alimentos, paro, precarización, acentuación de las desigualdades. Los asalariados y la gente más pobre tienen que cargar con el coste de la especulación, o con el perjuicio del crack consiguiente. Ante la creciente crisis financiera, alimentaria y energética, se debe restringir los movimientos al capital financiero y también la "libertad de establecimiento", así­ como garantizar el control, la regulación e intervención públicos de las instituciones y mercados financieros.
– Los esfuerzos internacionales para frenar el cambio climático se ven torpedeados por las polí­ticas de la OMC porque el "libre" comercio es una de las mayores causas del calentamiento global. Si la destrucción de bosques supone una quinta parte de todas las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero, frenar inmediatamente todo proceso de deforestación serí­a la manera más rápida y eficaz para reducir estas emisiones. Pero ello implicarí­a, por ejemplo que se deje de importar a la UE productos cultivados en áreas deforestadas, como el aceite de palma de Asia o la soja de Suramérica.

Los paí­ses más empobrecidos serán los principales perdedores. Las proyecciones económicas de un potencial acuerdo de Doha efectuadas por expertos, indican que los costos acumulados por la pérdida de empleos, la limitación del espacio polí­tico y los ingresos aduaneros no percibidos superan con creces los supuestos "beneficios" de la mal llamada Ronda de "Desarrollo".

El mensaje dirigido al Gobierno español y los encargados de comercio de la misión diplomática española en Ginebra [2] incluye una alerta ante los cambios peligrosos en las reglas de negociación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. La sociedad civil internacional está aterrada por las disposiciones que incluye el nuevo anteproyecto del texto de negociación, reflejando la demanda unilateral de las potencias industrializadas a los gobiernos de los paí­ses en desarrollo para que estos se comprometan de manera obligatoria y vinculante a abrirle los sectores de servicios de sus economí­as a las empresas transnacionales de origen extranjero.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, señala a propósito de la ronda de negociaciones de la OMC: "En las negociaciones se empuja a que nuevos sectores de servicios sean liberalizados por los paí­ses cuando lo que habrí­a que hacer es excluir definitivamente los servicios básicos de educación, salud, agua, energí­a y telecomunicaciones del texto del Acuerdo General del Comercio de Servicios de la OMC. Estos servicios son derechos humanos que no pueden ser objeto de negocio privado y de reglas de liberalización que llevan a la privatización."[3]

Por todas estas razones, una coalición mundial de organizaciones sociales, polí­ticas y populares, de trabajadores y trabajadoras, de migrantes, las comunidades indí­genas y campesinas, el movimiento de mujeres, de jóvenes y sindical "“ promovido por la red "Nuestro Mundo No Está En Venta"- insiste a la reunión de 35 paí­ses de la OMC, a partir del lunes en Ginebra, que la respuesta a los aumentos de los precios alimentarios y energéticos, así­ como para frenar el Cambio Climático, no reside en profundizar la desregulación de la producción y el comercio.