WWF/Adena ha centrado sus argumentos en el hecho de que en la transposición a la legislación española de los proyectos incluidos en el anexo II de la Directiva sobre Impacto Ambiental, el Estado español ha determinado los umbrales mí­nimos para realizar la evaluación ambiental en función de la cuantí­a (3.000.000 m3 para los dragados de arena y 500.000 m3 para las regeneraciones de playas), excluyendo cualquier otra consideración, como el tipo de actividad de que se trate o el lugar de ejecución del proyecto. La consecuencia es que proyectos que afectan significativamente al medio ambiente y los recursos naturales son excluidas a priori de su evaluación ambiental.

Así­ ha sucedido en los casos de dragados y regeneraciones de Valencia y Baleares denunciadas por WWF/Adena, que autorizan actividades como las denunciadas del dragado y vertido que destruyen hábitats protegidos como las praderas de posidonia, que se realizan en espacios protegidos a nivel nacional, comunitario y autonómico, y que producen un impacto continuado e irreversible en los recursos naturales, sin que sea necesaria la declaración de impacto ambiental, al no llegar a los umbrales mí­nimos fijados.

Estas actuaciones se han realizado sin evaluar con la excusa de la emergencia provocada por los recientes temporales, pero lo cierto es que tanto los dragados como las regeneraciones son actuaciones periódicas que se repiten todos los años. Del yacimiento de Sierra Gelada, por ejemplo, se están realizando extracciones desde los años 90, en que se regeneró la playa de San Juan. En el caso de Baleares, el proyecto de extracción de arena de Cabo Salinas tiene un plazo de ejecución de cinco años.

WWF/Adena ha solicitado que se estudien las causas de la erosión costera y se busquen soluciones alternativas.