El rechazo a la introducción de los organismos modificados genéticamente (conocidos como transgénicos) en nuestra agricultura y alimentación es cada vez más evidente. Y una de las ví­as para expresar la oposición social son las declaraciones institucionales de Zonas libres de Transgénicos. La declaración de cuatro Comunidades Autónomas, más de 90 municipios, diputaciones provinciales o cabildos insulares permiten que ya sean más de 9 millones de personas las que viven en territorios declarados libres de transgénicos.

Frente a la imposición de los organismos modificados genéticamente en nuestra agricultura y alimentación, cada vez son más las instituciones europeas y españolas que expresan el rechazo ciudadano a través de declaraciones en las que reivindican su derecho a mantener su territorio libre de transgénicos. Las Comunidades Autónomas de Asturias, Canarias, Baleares y Paí­s Vasco, más de 90 municipios, los cabildos y consejos insulares de Mallorca, Menorca y Lanzarote y muchas otras instituciones [1] se han sumado ya a las más de 200 regiones y 4500 autoridades locales europeas que están reclamando su derecho a decidir sobre la introducción de transgénicos en su agricultura y alimentación.

Los municipios de Altea en Alicante, Val do Dubra en Coruña, La Acebeda en Madrid, Etxauri en Navarra, Elche de la Sierra en Albacete o la Diputación de Málaga han sido algunas de las últimas instituciones en sumarse a esta iniciativa, impulsada por multitud de organizaciones y colectivos a nivel local, regional y estatal. [2]

"La declaración de una zona como libre de transgénicos expresa a nivel institucional el rechazo ciudadano. Y son una señal clara para la industria, que pretende a toda costa introducir unos productos para los que no existe demanda" afirmó David Sánchez, responsable del Área de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra.

España es, desde 1998, el único paí­s de la UE que cultiva transgénicos a gran escala. Frente a las 75.000 hectáreas cultivadas con maí­z transgénico en 2007 en nuestro paí­s, son ya siete los paí­ses que han desarrollado iniciativas para frenar su cultivo, como Austria, Grecia, Italia, Hungrí­a, Rumania o Polonia. Francia, uno de los últimos en sumarse, lo hizo en base a un informe cientí­fico que recopilaba las evidencias sobre sus impactos ambientales, la falta de estudios sobre efectos a largo plazo para la salud humana o la imposibilidad de controlar la dispersión de los transgénicos y evitar la contaminación de los cultivos ecológicos y convencionales.

"Estamos cultivando productos que el resto de Europa rechaza por sus impactos e incertidumbres. El Gobierno no puede mirar hacia otro lado y seguir ignorando la cada vez mayor oposición social e institucional. Debe tomar medidas para eliminar el cultivo de transgénicos de España lo antes posible" añadió Sánchez.

Frente a la crisis alimentaria, son muchas las voces desde la industria que plantean de nuevo a los transgénicos como la solución a los problemas de hambre y subida de los precios de los alimentos. Desde Amigos de la Tierra se ha demostrado en repetidas ocasiones que, además de los impactos ambientales e incertidumbres sobre la salud, los cultivos transgénicos [3]:

– No solucionan los problemas de hambre y pobreza. La inmensa mayorí­a de los cultivos modificados genéticamente comercializados son cultivos de carácter industrial (soja, maí­z, colza y algodón) que se destinan a alimentación del ganado de los paí­ses desarrollados o para fibra textil. Los transgénicos, como semillas patentadas y más caras, forman parte del modelo de agricultura intensiva que está fomentando la pérdida del medio de vida de los pequeños campesinos a nivel global.

– Los cultivos transgénicos no han demostrado tener mayores rendimientos. Los transgénicos en el mercado no están modificados para aumentar los rendimientos, sino para ser resistentes a insectos o resistentes a herbicidas. No hay ningún transgénico en el mercado que sea más nutritivo o de mejor calidad, y no han demostrado ser más productivos.